La distorsionada escala de prioridades que caracterizan al presidente Rodrigo Chaves y su gobierno quedó de manifiesto este miércoles con crudeza, irresponsabilidad, mal gusto, frivolidad y obvia beligerancia política. En un espectáculo sin precedentes, escenificado en la Presidencia, el primer vicepresidente, cuatro ministros y dos presidentes ejecutivos desfilaron por la rampa que conecta el segundo con el primer nivel del edificio y se ubicaron detrás de Chaves, quien, en funciones de maestro de ceremonias y motivador, anunció su renuncia grupal a los cargos que ocupaban.
El mandatario, además, utilizó la ocasión para desmentir que también él dejaría su cargo, un rumor que sus propios escuderos se habían encargado de diseminar desde meses atrás, como parte de su constante estrategia para captar la atención mediante recursos diversos. De hecho, la actividad fue anunciada en plataformas digitales y redes sociales con un diseño con la frase central “¿Renunciará el presidente?”.
El acto en sí mismo degradó la seriedad con que deben tratarse asuntos de tal trascendencia y, de este modo, desdeñó el respeto básico que todo presidente y cualesquiera funcionarios, sobre todo de alto nivel, deben a la ciudadanía. Lo más grave, sin embargo, es el trasfondo que reveló: la prevalencia de proyectos y ambiciones electorales sobre el ejercicio comprometido y responsable del gobierno, que pasa a un segundo plano.
No importa la competencia o falta de ella con que ejercieran los cargos, su abandono por parte de siete jerarcas asestará un severo golpe a la continuidad de las tareas que tenían encomendadas y, por ello, repercutirá negativamente en sus resultados. De este modo, acentuará la deriva que ha caracterizado múltiples ámbitos de la actual administración y tornará aún más difícil la coordinación de tareas entre distintas entidades.
Las renuncias o destituciones han sido numerosas y recurrentes en los tres años y tres meses de gobierno. De las 41 cabezas de ministerios e instituciones descentralizadas que llegaron en su inicio, actualmente solo quedan diez, un récord en la historia nacional.
Tal movilidad refleja varias cosas, ninguna positiva. La principal es la falta de partido, planes estructurados y equipo medianamente experimentado con que Chaves llegó al poder. Su centro de gravitación no ha sido un proyecto claro para la gestión gubernamental, conforme al cual valorar a los jerarcas y estimular su independencia de criterio. Al contrario, la lealtad casi incondicional al presidente se tornó en exigencia clave; si no se da, la destitución ha sido el camino. Además, muchas personas han tenido muy mal desempeño, o no han podido resistir el ambiente que impera en las más altas esferas del Ejecutivo.
Hasta ahora, sin embargo, nunca se había producido una desbandada tan masiva, orquestada, proclamada por un presidente y con un propósito tan ajeno al quehacer gubernamental: la aspiración de convertir a algunos de sus más incondicionales colaboradores en candidatos a diputaciones, y de utilizar la catapulta presidencial para imponerlas en el partido que sea: ¿Pueblo Soberano, Motiva? Imposible saber, porque ni siquiera está claro el procedimiento que primará en ellos para definir las candidaturas.
Por los antecedentes de los siete jerarcas, particularmente afines al presidente, queda la impresión de que fueron escogidos para renunciar con la esperanza de que, primero, sean candidatos; segundo, que logren llegar a la Asamblea Legislativa y, tercero, que, si lo anterior se cumple, actúen como instrumentos de Chaves para mantener influencia y defenderse.
Dos de ellos –el vicepresidente Stephan Brunner y la ministra de Planificación, Marta Esquivel– enfrentan causas penales, en parte producto de su actitud complaciente hacia el mandatario. Entre los restantes, solo Nogui Acosta ha realizado una tarea realmente sustantiva en el Ministerio de Hacienda, pero siempre como correa de transmisión presidencial. Recordemos, por ejemplo, el falso “megacaso” de evasión fiscal montado contra el principal accionista del medio de comunicación independiente CRHoy.
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Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social, depuso sin rubor la independencia de su cargo para contar con el beneplácito de Zapote. Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, no cejó en su empeño por manipular políticamente la institución, al igual que lo hizo con Recope, donde estuvo antes. Y de los logros concretos de las ministras de Vivienda y de la Condición de la Mujer, Ángela Mata y Cindy Quesada, respectivamente, es realmente poco lo que se puede decir.
Abandono oportunista de responsabilidades, uso de la Presidencia como palanca electoral, intento por colocar fichas afines en el Congreso, y un espectáculo efectista para comunicarlo al país. Esta es la síntesis de lo ocurrido; también, la razón para lamentarlo y censurarlo.
