Una de las principales dudas que surgen cuando un miembro de los supremos poderes renuncia a su cargo es ¿qué pasa si esa persona tiene una causa penal pendiente?
Este miércoles se confirmó la renuncia de siete funcionarios del gobierno entre ellos el primer vicepresidente Stephan Brunner y la ministra de Planificación Marta Esquivel, quienes en función de su cargo cuentan con un fuero especial de protección, lo que se conoce como inmunidad, y por esa condición sus procesos se siguen específicamente en la Fiscalía General.
El fiscal general, Carlo Díaz, explica que a partir del momento en que se oficialicen las renuncias de los altos funcionarios, las causas pasan a trámite ordinario, tal y como ocurre con cualquier otro ciudadano que enfrenta una denuncia judicial.
“Una vez que se determina que efectivamente ya no van a contar con su fuero de improcedibilidad, entrarían a ser una persona común y corriente, llamémoslo de esta manera, en palabras sencillas, entonces los procedimientos que se le van a seguir serían los ordinarios”, detalló Díaz.
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El jefe del Ministerio Público agregó que las diligencias adelantadas por la Fiscalía General las asumirán las fiscalías que correspondan: “La mayoría de los casos pasarían a la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción y ahí se seguiría el procedimiento ordinario que corresponda, como se le haría a cualquier persona en este país.
Los procedimientos no se reinician desde cero; lo que ya se ha avanzado puede aprovecharse en los procesos ordinarios, según corresponda, afirmó Díaz.
Dependiendo del estado del expediente, podría realizarse una indagatoria y, si el caso lo justifica, solicitarse medidas cautelares. De lo contrario, se continuará con el trámite ordinario hasta concluir la investigación. Una vez finalizada, se procederá con la redacción de los requerimientos conclusivos, explicó Díaz.
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Brunner está acusado en el caso de la supuesta estructura paralela que habría financiado la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al poder a Rodrigo Chaves Robles. El 23 de junio pasado el fiscal general presentó de manera formal la acusación por esa causa en la que además de Chaves y Brunner, figuran el canciller Arnoldo André Tinoco, el diputado Waldo Alfaro Sanabria, las legisladoras Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar Loaiza y Paola Nájera Abarca.
“Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
“Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral” precisó el ente acusador.
La Nación reveló en febrero de este año que Sofía Agüero, hija del diputado oficialista Waldo Agüero, recibió $195.800 en depósitos para la campaña de Rodrigo Chaves.
En tanto, Marta Esquivel figura en el caso Barrenador, en el que se investigan presuntas anomalías en contratos de cinco cooperativas para administrar 138 EBAIS con sobreprecios de ¢12.400 millones anuales.
La adjudicación a las cooperativas se otorgó en julio del 2024 en una sesión extraordinaria celebrada un sábado y con solo seis directivos, tres del sector estatal y tres del sector patronal. Se dio pese a dudas por presuntos montos excesivos.
Carlo Díaz, fiscal general, dijo que la investigación se inició por una denuncia de la Auditoría Interna de la CCSS, encabezada por Olger Sánchez Carrillo. “Aquí se denunció una injerencia directa de la CCSS para adjudicar un proceso de licitación en detrimento de uno que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de ¢12.400 millones”, explicó Díaz en setiembre pasado.
En este caso también son imputados la gerenta general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María de los Ángeles Gutiérrez, y seis personas más, entre miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la institución.
Los directivos investigados son los representantes patronales Zeirith Rojas y Johnny Gómez, así como María Isabel Camareno, delegada del gobierno. También figuran los exdirectivos Jorge Porras, Roberto Quirós y Jorge Luis Araya.
Los delitos que se investigan son tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, Marta Esquivel fue indagada en la Fiscalía de Probidad tras su detención en setiembre.