Costa Rica es un país pequeño, fragmentado en 84 municipalidades. En una de ellas viven apenas 5.000 personas, un 0,10 % de la población nacional. Aun así, los diputados crearon el cantón de Monteverde porque se ubica a 70 kilómetros del centro de Puntarenas. Las vías de comunicación entre el nuevo municipio y la ciudad porteña son buenas y el viaje de una hora se aproxima al desplazamiento cotidiano de muchos trabajadores y estudiantes en las atiborradas calles de la capital, para no mencionar los traslados usuales en otras partes del mundo.
Nuestra división territorial administrativa es deficiente. Basta con observar el mapa de las provincias fronterizas con Nicaragua, cuya cabecera está en el Valle Central. Para superar las incongruencias y desarrollar mejor sus tareas, entidades como el Ministerio de Salud hacen su propia división regional. No obstante, la solución no está en la atomización de los municipios, como viene ocurriendo.
Desde el 2017, el número de cantones aumentó de 81 a 84. Si los proyectos de ley bajo estudio del Congreso prosperan, no tardaremos en tener 91 con la creación de Tucurrique, Ojo de Agua, Peñas Blancas, Colorado, Jicaral, Cóbano y Paquera. Se trata de una decena de nuevas estructuras burocráticas, la mayoría en zonas de pocos recursos y población. Con ellas crece la complejidad de los trámites y se dificulta la fiscalización de los recursos confiados a los gobiernos locales. En muchos casos, la viabilidad financiera de las nuevas unidades territoriales está en entredicho por su extensión, ubicación y densidad poblacional.
No en balde la ley establece el requisito de contar con por lo menos un 1 % de la población total del país (unas 50.000 personas) para constituir un territorio en cantón, pero los diputados obviaron la norma para crear Monteverde y, también, Puerto Jiménez, con solo 9.000 habitantes. La población no es el único factor que se debe tomar en cuenta para valorar la viabilidad y necesidad de un cantón, pero debería ser determinante, como en su momento lo entendió la legislación.
Antes de la reciente proliferación de cantones, ya había motivos para repensar el desempeño de muchos de ellos, con escasa población, pocos ingresos, gastos burocráticos desmedidos y paupérrima clasificación en los índices publicados por la Contraloría General de la República. En esos casos, a fin de cuentas, la creación del cantón solo consiguió dejar a los pobladores en manos de un gobierno local desfinanciado e incapaz de desempeñar las funciones asignadas por ley, aunque desligado de la cabecera cantonal anterior.
Así, como es evidente, no se resuelve la indiferencia o el abandono atribuible a la fijación de prioridades en una localidad relativamente remota, y más bien podrían agravarse las necesidades insatisfechas. La solución de este problema exige un análisis detenido del funcionamiento de las municipalidades y de su configuración geográfica actual, pero no la multiplicación de cantones.
Los diputados deben atender el llamado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) para evitar el fraccionamiento excesivo, con meras consideraciones políticas y sin los estudios técnicos necesarios para cuidar la funcionalidad de la división territorial administrativa.
La ministra Laura Fernández recordó a los legisladores la necesidad de contar con el criterio de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa y los estudios requeridos para confirmar la posibilidad de dotar a la nueva municipalidad del presupuesto suficiente para su consolidación y sostenibilidad futuras. Un mínimo sentido de responsabilidad obliga a tomar esas consideraciones en serio.
