La reactivación económica tampoco va de la mano, necesariamente, de más unidades administrativas. La solución debería empezar por propuestas serias de articulación regional, la reactivación y reformulación de los planes de desarrollo regional —instrumento que duerme el sueño de los justos— o la articulación con los planes reguladores, no viéndolos como camisas de fuerza, sino como instrumentos de planificación y orientación para la inversión y la intervención territorial.
Nos toca aliarnos con la ciencia y la técnica, trabajar codo a codo con la ciudadanía y la academia, y tratar de explotar las ventajas comparativas con las que cada región cuenta.
Los cantones y distritos son componentes fundamentales para la gestión del territorio, pues buscan, a través de la descentralización, una mejor distribución de la riqueza, de ahí la importancia de las infravaloradas elecciones municipales, pues son las municipalidades y las concejalías de distrito las que con sus políticas e intervenciones producen el impacto inmediato y visible en la calidad de vida de sus conciudadanos (incidencia en aspectos cotidianos como recolección de basura, estado de las carreteras, áreas de esparcimiento o las oportunidades de empleo).
Establecida la importancia de estas unidades administrativas para la gobernanza y el ordenamiento territoriales, hay que hacer hincapié en la esencialidad del proceso de selección de los territorios candidatos a cambios de jurisdicción. Para ello, hay una norma técnica establecida en la Ley 4366 y reforzada en los decretos 15799-G, 28486-G y 36732-G. En estos cuerpos normativos se establecen las competencias legales sobre la creación de un cantón, un distrito o incluso una provincia, y a quien le compete.
La norma establece requisitos de población, distancias, el uso de coordenadas y, para este servidor, un requisito importantísimo y el más obviado: la participación y el criterio técnico de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, órgano compuesto por profesionales del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que cuentan, a su vez, con el apoyo de profesionales del INVU, el Mideplán y el IFAM, organismos que tienen por misión la identificación de desequilibrios territoriales, la generación de datos y el desarrollo de propuestas de intervención o mejora.
Obviar el criterio del órgano técnico, o ni siquiera tomarlo en cuenta, es como querer dirigir una selección mundialista fundamentándose en el buen ojo de quien va de cazatalentos a las mejengas.
Quizás convenga reforzar la gestión municipal y los mecanismos de rendición de cuentas, o incluso revisar la normativa sobre la división territorial, que puede estar desfasada o desvinculada de nuestra realidad geográfica; quizás resulte más práctico agrupar territorios por su similitud o afinidad que fragmentar aún más el país. Todas son decisiones lógicas, plausibles y económicamente más viables que dar rienda suelta a la tendencia creacionista.
Mi intención no es satanizar las creaciones, sino ser propositivo, sensibilizando por la trascendencia de que las propuestas venideras surjan fruto del consenso, la objetividad, el estudio minucioso y el entendimiento acerca de qué es lo mejor para un territorio y sus ciudadanos, con respeto por el enfoque técnico, con verdaderas soluciones a inequidades territoriales en beneficio de la mayoría, no proyectos hechos a la medida de unos pocos.
Esta coyuntura o moda bien podría ser también un llamado de atención para las alcaldías, a fin de que entiendan que se deben tanto al usuario que vive frente a la municipalidad como al que se encuentra a 100 kilómetros de esta. Es una llamada de atención para ampliar y mejorar su dotación y áreas de servicio, y no se queden únicamente en el distrito central.
Otra introspección necesaria es sopesar que las propuestas surgidas en el Congreso deben ser objetivas e inmaculadas desde el punto de vista técnico, a sabiendas de que hay normas, que de no respetarse el marco regulatorio o las justificaciones técnicas se dudaría nuevamente, no solo de las bondades, sino también del altruismo de la propuesta, pues en lugar de solventar inequidades territoriales más bien las fomentaría en favor del protagonismo o del cálculo político.
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El autor es geógrafo y abogado.
