Los electores brasileños tomaron el domingo una sabia decisión colectiva. Puestos a escoger entre dos candidatos muy alejados de lo óptimo, escogieron aquel que, a pesar de sus falencias, garantiza la preservación de la democracia y el respeto a sus instituciones. Por esto, el inesperado y sólido triunfo de Luis Inácio (Lula) da Silva en la segunda ronda presidencial merece ser celebrado.
Su reelección, además, constituye una notable hazaña política. En la primera ronda, con diez candidatos, celebrada el domingo 3 de este mes, obtuvo el 45,1% de los votos, frente al 47% de su contendor, el derechista Flávio Bolsonaro, pero en las tres semanas siguientes protagonizó una sorprendente remontada. Captó diez millones de votos más, superó en cuatro millones a su rival y logró imponerse con el 51,8% de apoyo.
Las explicaciones de su éxito son muchas. Una, programática, es que su orientación de centroizquierda, aunque con negativas repercusiones macroeconómicas, siempre ha estado apegada a las prácticas democráticas. En cambio, Bolsonaro, hijo de Jair, expresidente de extrema derecha condenado a 27 años por pretender desconocer su derrota electoral frente a Lula en 2022, no dio garantías de respetarlas. Incluso, parte de su oferta fue lograr el indulto de su padre, algo que causó alarma entre muchos electores.
A esto se añadió un cambio radical en la estrategia de campaña de Lula, el uso masivo y experto de las redes sociales, un excelente desempeño en los debates televisados con Bolsonaro y los errores de este. A esto hay que añadir la instrumentalización del aparato estatal para dar y ofrecer prebendas a amplios sectores de la población.
Entre las dos vueltas, Lula logró que el Congreso redujera de seis a cinco días la semana laboral sin rebajar salarios; incrementó en un 15% las asignaciones a su principal programa social (Bolsa Familia); ofreció transporte público gratuito los fines de semana y prometió eliminar las deudas federales a los trabajadores por cuenta propia y el impuesto de renta a un conjunto de familias de clase media baja.
El impacto de todos estos factores fue enorme, lo mismo que la capacidad de movilización del Partido de los Trabajadores (PT) y el sentido de urgencia ante los riesgos que implicaba Bolsonaro. La participación electoral subió en dos puntos porcentuales en relación con la primera ronda (de 78,92% a 80,78%). La mayor parte de los más de tres millones de votantes adicionales se inclinaron por Lula, que también tuvo el apoyo de quienes se habían inclinado en primera vuelta por candidatos de derecha moderada.
Los resultados de ambas rondas reafirman la polarización que padece el país, a la que nos referimos en nuestro editorial del viernes 8 de octubre. Implica un enorme reto político, social y regional, acentuado, para el gobierno que encabezará Lula a partir de enero, por el notable giro a la derecha que se ha producido en el Congreso y las gobernaciones.
Luego de rechazar el domingo los resultados y anunciar que pediría anular las elecciones, Bolsonaro dio marcha atrás y los reconoció. A la vez, anunció que encabezaría la oposición, con partidos diversos que, en conjunto, superaron por mucho al oficialismo en el Senado, la Cámara de Representantes y las gobernaciones.
Sin embargo, su situación dio un vuelco radical este martes, cuando huyó del país rumbo a Estados Unidos, para evadir investigaciones judiciales por dos casos de supuesto lavado de dinero y otro por financiamiento externo de su campaña. El golpe para su liderazgo y credibilidad será enorme, y afectará el desempeño opositor. A la vez, incrementará el clima de polarización y enfrentamientos que sacude al país. De hecho, no más llegando a Florida, Estados Unidos, hizo una confusa serie de publicaciones en X, en las que primero se autodenominó el “verdadero presidente de Brasil” y luego difundió otra versión en que se hace llamar el “líder de Brasil”.
Ni en el periodo que está a punto de concluir, ni en los dos, también consecutivos, que ejerció entre 2003 y 2010, el hoy presidente reelecto había tenido que enfrentar retos políticos tan grandes. A ellos se suman otros, quizá mayores: los económicos.
En el actual cuatrienio se redujo aún más la pobreza y mejoró el empleo. Sin embargo, el crecimiento ha sido muy bajo, el déficit fiscal se disparó hasta alrededor del 9% del producto interno bruto (PIB) y la deuda del Estado no dejó de crecer. Según el Fondo Monetario Internacional, este año llegará a representar el 98% del PIB. Como consecuencia, el costo de la vida se ha incrementado, los tipos de interés reales rozan el 10% y han puesto gran presión sobre el endeudamiento de familias y negocios.
Más aún, si todas las promesas planteadas por Lula durante la última etapa de la campaña se materializaran, implicarán un enorme incremento en el déficit fiscal. Todo esto hizo que la primera reacción de los mercados ante su triunfo fuera muy negativa. El real (moneda nacional) ha perdido valor, lo mismo que los bonos estatales, y los índices bursátiles han caído.
Para atemperar temores y, sobre todo, lograr un manejo responsable de la economía, en particular las finanzas públicas, será indispensable que Lula designe un equipo económico con alta credibilidad y competencia. Sin embargo, la ruta hacia finanzas públicas más sanas requerirá moderar las expectativas para contener el gasto. En este sentido, el reto es tanto económico como político y social. Y la oposición aprovechará la coyuntura para debilitarlo.
Los próximos cuatro años de gobierno que asumirá en enero, con 81 años cumplidos el martes, demandarán a Lula un enorme despliegue de pericia, capacidad de convencimiento y, por supuesto, políticas públicas responsables. Si a ellas dedicara tanto esfuerzo como el desplegado en las pasadas tres semanas para ganar la presidencia, la democracia saldrá fortalecida y el país podrá avanzar como merece.
