El diputado Nogui Acosta, jefe de fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano, tiene razón sobre tres afirmaciones relacionadas con el empresario Boris Marchegiani, designado por la presidenta Laura Fernández como representante permanente (embajador) de Costa Rica ante las Naciones Unidas.
La primera es que la decisión sobre tales nombramientos es del resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. La segunda, que presidir y actuar como apoderado generalísimo de una empresa con deudas acumuladas por $8,3 millones, más de una década sin pagar al Banco Nacional y otros acreedores, y envuelta en complejos procesos de arbitraje y planes de salvamento, “no lo inhabilita para lo que quiera ser”.
La tercera se refiere a un elemento esencial de nuestro Estado de derecho: la presunción de inocencia. Esto implica, entre otras cosas, que estar envuelto en procesos judiciales, o incluso enfrentar una acusación, no es señal de culpabilidad, algo que solo puede establecerse en juicio, conforme al debido proceso.
Todos estos factores protegen los derechos ciudadanos que asisten a Marchegiani, como a cualquier habitante de nuestro país. También enmarcan las múltiples gestiones de las que se ha valido el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., que él encabeza, para readecuar y postergar obligaciones crediticias asumidas desde 2006 y en crecimiento por la acumulación de intereses. Su última propuesta, que implica ampliar a 41 años el plazo para cancelarlas, debe ser votada por una junta de acreedores que aún no se ha realizado.
Sin embargo, una cosa son los principios que determinan la legalidad –o falta de ella– de los actos, y otra, su razonabilidad, transparencia, conveniencia e implicaciones políticas. Cuando se trata de la persona escogida para representar al país ante el organismo multilateral de mayor relevancia universal, estos factores adquieren particular importancia. Lo que está de por medio en estos casos es la imagen nacional, la del propio funcionario y su capacidad o confiabilidad para cumplir con el cargo que se le ha encomendado.
Más allá de su fundamento legal, el historial de retrasos, tribulaciones empresariales y recursos para postergar pagos que acompañan a Marchegiani, su empresa y su hotel Gaia, en Quepos, debieron ser motivo suficiente para evitar su nombramiento. Pero se añaden otras más.
Cuando anunció su designación, la presidenta mencionó dos razones principales para hacerlo: que se trataba de un “especialista en temas de energía” y que era un “empresario reconocido del sector turístico nacional”. O no estaba debidamente informada, o utilizó el concepto de reconocimiento de forma muy peculiar. Porque el resultado de la gestión hotelera que precede al flamante embajador no parece cumplir con la usual acepción del término.
Fernández, además, planteó que Marchegiani, como parte de su misión, hará que el país se aleje de “esos foros relacionados con derechos, diversidades y esas cosas”. Sin embargo, y paradójicamente, el hotel Gaia es reconocido y promocionado como un sitio seguro y acogedor para personas sexualmente diversas. No tiene nada de malo, pero sí contradice parte de la imagen que deseó proyectarse con el nombramiento.
El nuevo embajador, además, carece de experiencia, formación e interés demostrado en política internacional o diplomacia. Y si bien estará rodeado de diplomáticos profesionales en la Misión de Costa Rica ante la ONU, eso no bastará para el buen desempeño de su representación. El éxito depende de mucho más: visión estratégica, vinculaciones múltiples y capacidad de ejercer un liderazgo basado en el reconocimiento de su equipo.
En tales condiciones, hay razones de sobra para suponer que el verdadero motivo de su nombramiento es político, en un sentido estrecho. Marchegiani, quien ha fungido como secretario general interino del PPSO, aportó el año pasado ¢14 millones a la campaña de Fernández. Además, fue quien pagó una serie de vallas que pedían la renuncia de los presidentes de la Corte Plena y la Asamblea Legislativa, el fiscal general y la contralora.
En épocas pasadas, era frecuente pagar favores con embajadas. La práctica, sin embargo, fue prácticamente desterrada de nuestro Servicio Exterior. Incluso los nombramientos de personas que no son diplomáticos de carrera han sido muy cuidadosos desde hace, al menos, dos décadas. Pareciera que, en el caso de Marchegiani y otras designaciones, hemos dado un salto hacia atrás.
Precisamente porque, como dijo el diputado Acosta, la decisión de esas designaciones corresponde al Ejecutivo, la presidenta debería ser particularmente cuidadosa al tomarlas. Es una responsabilidad que debe asumirse con enorme seriedad y respeto a la ciudadanía.