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El jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, sostuvo que la deuda de $8,3 millones que tiene Boris Marchegiani con el Banco Nacional no lo inhabilita para ser nombrado como embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Consultado sobre la deuda crediticia que dio a conocer La Nación este miércoles, el vocero legislativo del gobierno alegó que la designación de los representantes diplomáticos de Costa Rica es una decisión del Poder Ejecutivo, no suya.
“No podría decir nada sobre esa decisión, es soberana. El Poder Ejecutivo de un lado y el Legislativo, del otro”, comentó Acosta, quien rechazó entrar a valorar si el Consejo de Gobierno debió revisar mejor ese tipo de situaciones a la hora de nombrar a Boris Marchegiani en una delegación diplomática, máxime cuando se trata de la ONU.
Respecto al uso del convenio preventivo de acreedores en que se amparó la sociedad anónima Grupo Mercantil Lapis Lazuli para no pagar su deuda con el BN, por 12 años, Nogui Acosta aseguró que se trata de una protección legal frente a los acreedores, pero “no significa que no siga funcionando, teniendo ingresos”.
“Existe para todos y hay bastantes empresas que se han acogido a eso. Yo no sabría decirle, hay que ver cuáles son los acuerdos avalados por el juez, si tiene que hacer pagos o no”, comentó el jefe oficialista ante la pregunta de este medio.
Acosta también arguyó que sería importante leer el acuerdo del juez y por cuánto tiempo se aprobó, pues ese mecanismo busca “proteger la actividad de la empresa” y enfatizó que él no conoce la resolución.
Preguntado una vez más sobre la categoría de deudor sin pagar por 12 años de Marchegiani, Nogui Acosta alegó que habría que “cuestionar el mecanismo y no la persona”.
“Es que eso no lo inhabilita. Es una persona que, como cualquier otra, puede enfrentar una situación y hay mecanismos legales. Que haga uso de los mecanismos legales, no lo inhabilita para aspirar a lo que quiera ser”, respondió el jefe de Pueblo Soberano.
Acosta agregó que el principio de inocencia está consagrado en la Constitución y no se puede asumir nada sobre nadie. Añadió que no se puede llevar al absurdo los cuestionamientos, porque “hay ciertas cosas que se protegen, si hay mecanismos legales y están usados con buena voluntad, no hay ningún problema”.
