El informe jurídico de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), emitido el 12 de junio, confirma lo que ya era evidente desde la destitución de toda la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BN): el gobierno procedió sin contar con el informe técnico que exige el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el cual debe valorar si existen infracciones a la normativa prudencial o incumplimiento de requisitos legales del cargo.
Omitir ese paso atenta contra el procedimiento para destituir a los siete directores, pero a ello se suma una cadena de hechos que ponen en entredicho las actuaciones ambiguas y tardías de la Sugef en la protección de la estabilidad y reputación del banco más grande del país.
Tal pasividad es inaceptable cuando está de por medio un banco con activos por ¢8,45 billones y calificado de sistémico; es decir, que en un eventual escenario de deterioro o insolvencia comprometería la estabilidad de todo el sistema financiero y la economía del país.
Recapitulemos lo sucedido. El 28 de mayo, el gobierno destituyó a los todos los directores con el argumento de que fue ilegítimo el proceso que utilizaron, el 3 de setiembre del 2024, para nombrar a Rosaysella Ulloa Villalobos como gerenta general.
Con el fin de iniciar un proceso sancionatorio a los directores, el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, pidió a la Sugef, el 10 de marzo, el informe específico, a sabiendas de lo que ordena el artículo 24, pues al solicitarlo ya reconocía la necesidad del informe técnico. La superintendenta general, Hazel Valverde Richmond, le respondió el 25 de marzo que no necesariamente se requiere un criterio técnico. Lo sustentó en un oficio firmado por su directora jurídica, Elisa Solís Chacón.
Sin embargo, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional es explícita: “El Consejo de Gobierno no podrá revocarlos (a los directores) si no es con base en información de la Sugef”.
La información técnica de la Sugef le llegó a Brunner hasta el 12 de junio, 15 días después de ejecutada la remoción. Y, lo que es más grave, en este último informe se le aclaraba al gobierno que no pudieron comprobar ninguna irregularidad de los directores en el nombramiento de la gerenta general.
“El informe de la División General de Asesoría Jurídica (de la Sugef) concluye que no se identificaron transgresiones a la normativa prudencial en materia de gobierno corporativo, transparencia y objetividad, ni de los principios establecidos por la OCDE”, indicó la superintendenta en el oficio.
Agregó que “el proceso de selección se ajustó a los procedimientos internos y que la Junta Directiva actuó dentro del marco de su discrecionalidad legal”. Tal conclusión desvirtúa las justificaciones de Brunner y del gobierno: no hay sustento legal.
Otro elemento grave es la premura en el procedimiento seguido por Brunner, al punto de que los destituidos denunciaron que no se les permitió ejercer su derecho a defensa, lo cual constituiría una vulneración del debido proceso. A ello se suma la celeridad con que se consumó el reemplazo, pues los nuevos directores del BN fueron juramentados por el presidente de la República apenas 40 minutos después de ejecutada la remoción. Tal cronología no corresponde a un proceso reflexivo.
Frente a estos hechos, el actuar de la Sugef ha sido jurídicamente deficiente e institucionalmente cuestionable. Ahora, alega que como órgano técnico “no tiene competencia” en lo sucedido y que “no puede ni debe inmiscuirse en discusiones políticas”. Esa justificación no es de recibo. El cumplimiento de la ley y la vigilancia del sistema financiero no son asuntos políticos, sino mandatos técnicos indelegables, comenzando por lo que exige el artículo 24.
Aducir que el informe enviado el 25 de marzo a Brunner quizás se presta para “contradicciones” tampoco es válido. Ningún informe de la Sugef debe ser ambiguo, máxime cuando hablamos del órgano encargado de supervisar el cumplimiento del marco legal, regulatorio y prudencial por parte de las entidades financieras.
La Sugef no puede, en ninguna circunstancia, abrir portillos que vulneren su mandato de ley, ni permitir que se consolide la percepción de que “no sirve para nada, porque no supervisa”, como le reclamó a Valverde Richmond una diputada durante los interrogatorios en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso. Tampoco puede dar pie a que se le señale de “complicidad” o de guardar un “silencio pasmoso” ante el embate político de Casa Presidencial para tener injerencia en el banco, como también lo expresaron otras dos legisladoras.
Después de los descalabros del Banco Anglo, el Banco Crédito Agrícola de Cartago, Coopeservidores y Desyfin, los costarricenses merecemos una superintendencia firme y vigilante. Las lecciones ya fueron demasiado costosas. El país necesita una Sugef sólida, no solo como garante del cumplimiento normativo, sino como un verdadero muro de contención frente a cualquier intento de interferencia política en las instituciones financieras del Estado.
