Rocío Aguilar, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), reiteró que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional indica que el acto previo para remover a una Junta Directiva de un banco del Estado es un informe elaborado por la Sugef.
“El informe per se no es propiamente el procedimiento administrativo, es información que se pone a disposición del Consejo de Gobierno, en este caso (del Banco Nacional), para que a partir de los procedimientos que se deben seguir, lo considere”, dijo la exsuperintendenta la noche de este lunes 30 de junio.
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Las declaraciones las hizo durante su comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, la cual investiga “la injerencia y actuaciones del Poder Ejecutivo en contra de la institucionalidad y autonomía del banco más grande del país”.
El pasado 28 de mayo, el Gobierno destituyó a la anterior Junta Directiva Banco Nacional (BN), sin haber recibido un informe de la Superintendencia. Ese mismo día, el Consejo de Gobierno anunció a los nuevos integrantes del órgano colegiado, los ejercerán de manera temporal.
Los movimientos en el máximo órgano del BN se hicieron en medio de una disputa por el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa. Casa Presidencial alegó que el proceso fue ilegítimo, pero esta versión fue rechazada por el entonces presidente de la entidad bancaria, Marvin Arias Aguilar.
La remoción de la anterior Junta Directiva del Banco Nacional se tomó luego del procedimiento administrativo liderado por el vicepresidente Stephan Brunner, pese a que el informe final sobre la investigación dirigida por Brunner no incluye hallazgos sobre presuntas anomalías en el proceso de elección.
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Además, la destitución de la Junta Directiva se tomó sin haber recibido de previo el informe de la Sugef.
“Si se había solicitado el informe es porque se sabía que se requería. El porqué se dicta el acto sin que se haya recibido el informe es algo de lo cual yo no puedo dar cuentas”, dijo Aguilar en la comparecencia.
Según una noticia publicada por La Nación el 24 de junio pasado, la Sugef no encontró infracciones de los directivos destituidos del Banco Nacional en el proceso de nombramiento de la gerenta Ulloa.
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“El informe de la División General de Asesoría Jurídica (de la Sugef) concluye que no se identificaron transgresiones a la normativa prudencial en materia de Gobierno Corporativo, transparencia y objetividad ni de los principios establecidos por la OCDE. A partir de lo concluido, esta Superintendencia procederá a archivar el expediente”, manifestó Hazel Valverde, jerarca de la Sugef, en el oficio confidencial SGF-1342-2025, del cual este diario tiene copia.
Este documento, del 12 de junio pasado, está dirigido al vicepresidente Brunner.
El oficio firmado por Valverde fue claro en el análisis hecho por la Asesoría Jurídica de la Superintendencia. “En dicho informe se concluye que el proceso de selección se ajustó a los procedimientos internos y que la Junta Directiva actuó dentro del marco de su discrecionalidad legal”, se resaltó en la respuesta remitida al vicepresidente.
Este documento se dio en respuesta al documento RES-OF-PV-002-2025, suscrito por el vicepresidente y enviado a la Sugef, donde se consulta si las actuaciones de los ahora exmiembros podían considerarse violatorias de las normas vigentes de gobierno corporativo.
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A criterio de la exsuperintendenta Aguilar, si se solicitó un informe para tomar una decisión o como insumo para el acto final, había dos caminos: preguntarle de nuevo a la Sugef cuándo mandaría el informe o esperar a que saliera el documento.
“No hay un plazo establecido en la normativa que diga que ese informe debe ser entregado en x o y plazo”, señaló Aguilar.