La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no encontró infracciones de los directivos destituidos del Banco Nacional en el proceso de nombramiento de su gerente, Rosaysella Ulloa.
“El informe de la División General de Asesoría Jurídica (de la Sugef) concluye que no se identificaron trasgresiones a la normativa prudencial en materia de Gobierno Corporativo, transparencia y objetividad ni de los principios establecidos por la OCDE. A partir de lo concluido, esta Superintendencia procederá a archivar el expediente”, manifestó Hazel Valverde, jerarca de Sugef, en el oficio confidencial SGF-1342-2025, del cual La Nación tiene copia.
El documento, del 12 de junio pasado, está dirigido al vicepresidente Stephan Brunner, quien lideró el procedimiento administrativo que investigó el nombramiento de la gerente del BN, que derivó en la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional, el pasado 28 de mayo.
El oficio firmado por Valverde fue claro en el análisis hecho por la Asesoría Jurídica de la Superintendencia. “En dicho informe se concluye que el proceso de selección se ajustó a los procedimientos internos y que la Junta Directiva actuó dentro del marco de su discrecionalidad legal”, se resaltó en la respuesta remitida al vicepresidente.
Brunner tomó la decisión de remover a la anterior Directiva, pese a no haber recibido una respuesta de la Superintendencia, pues la separación de los directivos se informó el 28 de mayo.
Este lunes, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, el vicepresidente manifestó que los exdirectivos infringieron “los principios de buenas prácticas para el nombramiento de personas” con el nombramiento de la gerente general de la entidad.
Sin embargo, cuando los legisladores le consultaron en cuál ley estaban esos principios, el vicepresidente respondió que “son principios básicos, ninguna ley los dice”. Brunner también mencionó que el incumplimiento fue a los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El oficio de la Sugef es en respuesta al documento RES-OF-PV-002-2025, suscrito por el vicepresidente y enviado a la Superintendencia, donde consulta si las actuaciones de los exmiembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, en la contratación de la gerente, podían considerarse violatorias de las normas vigentes de gobierno corporativo.
El análisis de Sugef se limitó a aspectos prudenciales de gobierno corporativo. Además, se examinó la jerarquía normativa aplicable, destacando la autonomía administrativa del Banco Nacional, la normativa prudencial emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la normativa interna del banco.
¿Qué dice el informe?
El oficio de la Asesoría Jurídica de la Sugef señala que la Junta Directiva del Nacional está sujeta, en primer lugar, a la Constitución Política, tratados internacionales que son ratificados por la Asamblea Legislativa, las leyes y reglamentos del sector.
“La fuerza o valor legal de los principios o estándares internacionales, sean estos de Basilea o de la OCDE, dependerá del valor de la norma en que hayan sido introducidos al ordenamiento jurídico. Los principios o estándares internacionales son sanas prácticas que no son de acatamiento obligatorio”, se lee en el documento.
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También enfatiza en que tiene amplia discrecionalidad para definir el mecanismo de selección (concurso abierto, por invitación o nombramiento directo) de la gerencia general.
“En el caso concreto, a pesar de contar con amplias facultades discrecionales, la Junta Directiva optó por llevar a cabo un concurso abierto, conforme al Procedimiento para la Selección de Miembros Externos de Órganos Colegiados y Alta Gerencia”, señaló Sugef.
El proceso de reclutamiento fue realizado por la empresa Doris & Peters. La firma publicó la convocatoria en LinkedIn y en su sitio web, estableciendo un plazo de tres días para la recepción de atestados. En total, se recibieron 14 postulaciones.
El 28 de mayo, el Gobierno destituyó a la Junta Directiva del Banco Nacional como parte de una disputa por el nombramiento de la gerente general. Casa Presidencial alegó que el proceso fue ilegítimo; versión rechazada por los directivos.
Los jerarcas removidos del BN fueron: Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Maricela Alpízar Chacón.
