Los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público cuestionaron al vicepresidente Stephan Brunner por ordenar la destitución de los anteriores siete directivos del Banco Nacional (BN) sin basarse en ninguna ley en particular.
Brunner pidió a los legisladores esperar a que el Tribunal Contencioso Administrativo determine la legitimidad del procedimiento que realizó el gobierno. “Veremos qué dice el tribunal, si yo usurpé o no, si tenía la competencia o no, si el procedimiento incumplió el debido proceso o no”, acotó.
Según el vicepresidente, los exdirectivos infringieron “los principios de buenas prácticas para el nombramiento de personas” con el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa. Sin embargo, cuando le consultaron en cuál ley están esos principios, el vicepresidente respondió que “son principios básicos, ninguna ley los dice”.
Brunner compareció la noche del lunes 23 de junio como responsable del procedimiento administrativo que concluyó con la destitución, pese a que el propio informe de la investigación no incluye hallazgos de presuntas anomalías.
El vicepresidente argumentó que los exdirectivos faltaron al deber de probidad de los empleados públicos. No obstante, cuando la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, le preguntó en cuáles artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito se basó para sustentar esas afirmaciones, Brunner respondió: “Lo que tengo claro son los principios de las buenas prácticas para nombramientos”.
Las diputadas Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Kattia Cambronero, independiente, también cuestionaron los motivos de argumentados por Brunner.
Ruiz criticó que el vicepresidente no utilizó como referencia la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que establece las causales que pueden llevar a la destitución de los miembros de la junta directiva de un banco público. Según la diputada, Brunner ignoró esa ley y prefirió basarse “en un tema de probidad”.
“Don Stephan, la ley no es una opción, es una obligación, y para eso el Sistema Bancario tiene una ley orgánica”, reclamó la diputada verdiblanca. “Ustedes interpretan la ley a su antojo, no pasaron por la ley orgánica”, agregó Ruiz.
Cambronero respaldó lo dicho por la liberacionista y preguntó a Brunner en qué marco legal se basó para sustentar la remoción de toda la junta del BN. “Están en las normas de probidad, son generales. Van más allá del Sistema Bancario Nacional”, respondió Brunner nuevamente.
La diputada independiente achacó a Brunner una falta de claridad jurídica en la destitución de los directivos.
“El vicepresidente se sentó a hacer piruetas para justificar algo que no está contemplado en la ley del sistema financiero. (...) Esa ley establece la pautas de la administración del sistema bancario. Los empleados públicos tienen que hacer lo que la ley les exige, y la ley orgánica es clarísima en el articulado para destitución de directivos. ¿Por qué convenientemente se utilizó otra ley?“, cuestionó Cambronero.
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Durante la comparecencia también tomó la palabra la diputada independiente Gloria Navas, quien cuestionó los método utilizados por el gobierno y el vicepresidente Brunner.
Navas indicó que, según Brunner, el nombramiento de Rosaysella Ulloa “no daba una buena señal”. Sin embargo, esto no es un argumento legal válido, dijo.
“Usted menciona la aplicación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito; esa es una ley penal. El artículo 4, sobre la violación del deber de probidad, dice que la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público. Eso dice la normativa, previa defensa, pero nadie tuvo previa defensa ahí, ustedes simplemente los echaron", aseveró Navas.
Para la jurista, desde el punto de vista legal no se fundamentó adecuadamente la destitución de los directivos. “No es cuestión de decir que faltaron al deber de probidad, hay que darle contenido jurídico, y no hay esa fundamentación legítima para separar a toda una junta directiva de un órgano autónomo”, reiteró la diputada.
Durante la sesión del foro legislativo, los diputados aprobaron una moción para llamar a comparecer al empleado de Casa Presidencial, Jeremy Moya Bermúdez, quien formó parte del órgano director que llevó a la destitución de los directivos. Asimismo, tendrán que acudir Allan Moreira, asesor de Brunner, y Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno.
