En su informe anual ante la Asamblea Legislativa, el 5 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves proyectó un video donde uno de sus empleados decía: “Lamentamos seguir desilusionando a nuestros críticos. Por tercer año consecutivo, las finanzas del ICE están volando”. La frase repetía lo dicho por el mandatario desde 2023: “El ICE está volando, literalmente volando”.
Estas afirmaciones buscan proyectar una imagen de solidez institucional; sin embargo, los datos publicados en La Nación por el periodista Juan Fernando Lara, cuentan otra historia.
En el 2024, la utilidad neta del Grupo ICE se desplomó un 75%. Ese año, el ICE pasó de ¢278.425 millones en utilidades netas a solo ¢69.599 millones, una caída de ¢208.826 millones. La baja responde a una mezcla de decisiones técnicas, financieras y políticas. Tal discrepancia entre el discurso triunfalista y la realidad financiera debería obligar a corregir el rumbo.
Según la Gerencia Financiera del ICE, dos factores explican la caída: la menor apreciación del colón frente al dólar, que redujo los ingresos por diferencial cambiario, y el incremento en los costos de generación térmica por el fenómeno El Niño.
A ello se suma la rebaja del 7,8% en las tarifas eléctricas aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en diciembre de 2024, la cual regirá este 2025. Esa reducción se la autorizó Aresep a pesar de los elevados costos del ICE por generación con diésel y búnker, que alcanzaron los ¢179.594 millones, 54% más que en 2023.
En esta coyuntura, el ICE pidió que el traslado de costos por combustibles a tarifas se hiciera anualmente, no trimestralmente como permitía la fórmula. Una vez más, Aresep le dio el sí y la pregunta es cuándo se cargará ese alto gasto por combustibles. ¿Será en el 2026?
La situación del ICE preocupa aún más al analizar el desempeño de su negocio de telecomunicaciones. Kölbi ha perdido participación en los mercados de telefonía móvil, Internet fijo y televisión por suscripción, mientras los ingresos muestran una caída sostenida. En 2023, reportó ingresos por ¢551.256 millones, una disminución de ¢23.185 millones respecto al 2022. Para el 2024, esa cifra descendió a ¢543.934 millones, ¢7.322 millones menos que el año anterior. La tendencia siguió en el primer trimestre de este año.
Lejos de fortalecer su posicionamiento, se han tomado decisiones que lo debilitan. Una de las más controversiales fue la intromisión de la Casa Presidencial en el manejo de la pauta publicitaria con el fin de reducirla en canal 7, sin ninguna justificación técnica y pese al gran alcance de ese medio, según los testimonios de funcionarios ante diputados. Igualmente, hubo gestiones para colocar millonaria publicidad en una página informativa con muy baja visitación, aunque afín al gobierno.
Tampoco se puede obviar el retraso del proyecto 5G, detenido por meses a raíz de una medida cautelar promovida tras un decreto presidencial que excluyó a la empresa Huawei. Aunque la medida fue levantada en febrero de 2025, la pausa retrasó una iniciativa vital para recuperar competitividad en telecomunicaciones.
El caso de la subsidiaria Racsa también ilustra cómo se han tolerado, sin correctivos, las duplicidades de esa subsidiaria y la indefinición de su propósito. La Contraloría General de la República advirtió, desde 2022, sobre la falta de estrategia para garantizar su sostenibilidad financiera. En lugar de reestructurarla o definir su futuro con criterios técnicos, se le ha mantenido en operación con contrataciones que también son cuestionadas.
Más allá de lo financiero, el ICE enfrenta un modelo en crisis. Su apuesta histórica por la generación hidroeléctrica fue lógica en su momento, pero ya no responde al cambio climático ni a la creciente demanda. Hoy, el Instituto depende, riesgosamente, de condiciones hídricas que ya no son confiables. Esto se confirmó en 2024, cuando debió recurrir masivamente a la generación térmica, cara y contaminante, porque no invirtió a tiempo en diversificar su matriz energética.
Aunque el país tiene un enorme potencial geotérmico, solar y eólico, solo se aprovecha una cuarta parte. Sin embargo, la falta de liderazgo de quienes gobiernan el ICE les impide impulsar reformas de ley para aprovechar más esas energías.
El ICE, no cabe dudas, requiere de fuertes ajustes. Su rol estratégico en materia energética y tecnológica es indiscutible, pero es fundamental que diversifique la matriz energética, que impulse con compromiso la apertura del mercado eléctrico, porque es claro que ya no puede generar solo y que reduzca sus costos operativos. También debe modernizar el negocio de telecomunicaciones, depurar sus empresas subsidiarias y blindar sus decisiones frente a interferencias políticas. Se necesita un cambio en su cultura institucional con el fin de priorizar el servicio al usuario y la transparencia.
El ICE no está volando, aunque sí necesita aterrizar en su realidad y corregir su ruta con estrategia y liderazgo, porque el desarrollo del país depende muchísimo de esta institución que tanto apreciamos.
