Los diputados de la Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa dictaminaron, este 27 de marzo, un proyecto de ley para cerrar una empresa pública.
Se trata de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), que forma parte del Grupo ICE.
A favor de dictaminar el proyecto votaron los diputados José Francisco Nicolás, Andrea Álvarez y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN): Eliécer Feinzaig, del Parido Liberal Progresista (PLP); y Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En contra, los oficialistas Paola Nájera y Daniel Vargas, de Progreso Social Democrático (PPSD).
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El proyecto de ley lo presentó la diputada independiente Kattia Cambronero desde enero de 2024, bajo el argumento de que Racsa representa un riesgo financiero para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y participa en negocios que se escapan de sus facultades, como proveer al Estado tobilleras electrónicas o escáneres portuarios.
Asimismo, la diputada alega que se trata de una empresa con serias deficiencias en materia de contrataciones públicas y planificación institucional, las cuales han sido señaladas en diversos informes por la Contraloría General de la República (CGR) en años recientes.
La iniciativa, sin embargo, es adversada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves; el mandatario ha defendido a la compañía, al considerar que ahora sí “añade valor agregado al país”, luego de reformas y cambios en su giro de negocio aplicados en los últimos años.
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El cierre
El proyecto de ley busca el cierre y la liquidación de Racsa en todas sus actividades de comercialización, instalación de servicios y cualquier otra rama.
El ICE tendría que encargarse del proceso, sin tener que pagar derechos o tasas.
Cambronero calificó el dictamen del proyecto como “una excelente noticia”, pues ahora podrá pasar al Plenario legislativo.
Asimismo, indicó que el ICE por sí mismo podría atender las tareas que hoy realiza Radiográfica con “mucha opacidad” financiera.
Los estados financieros de Racsa son confidenciales por un período de cuatro años, lo cual Cambronero califica como una forma de “secretismo” que se presta para posibles actos de corrupción o ineficiencia.
Antes de continuar su camino en el Congreso, el proyecto será consultado a la CGR y a la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, tendrá que ser publicado en el diario oficial La Gaceta.
El cierre
Este mismo 27 de marzo, antes del dictamen del proyecto, el gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, y el presidente del ICE, Marco Acuña, acudieron a la Comisión de Reforma del Estado en el Congreso. Ambos se manifestaron en contra de la inciiativa.
Barrantes dijo que Racsa le genera “ahorros importantes” al Estado en múltiples campos, y que en 2024 le fueron adjudicados 44 contrataciones en las que compitió con otras entidades y en las que presentó ofertas entre un 10% y un 30% más económicas.
Además, indicó que en los últimos años se ha trabajado para atender los señalamientos de la CGR y ofrecer una mayor transparencia pública; y señaló que la empresa actualmente no tiene deudas, por lo que solo utiliza recursos propios para proyectos como el desarrollo de las redes 5G.
Asimismo, recordó que la institución genera 1.000 puestos de trabajo en diversas zonas del país, pues el 90% de los trabajadores realizan teletrabajo.
Acuña, por otra parte, dijo que Racsa aporta al Estado contribuciones por concepto de impuesto sobre la renta, lo cual quiere decir que tiene excedentes en su giro negocio antes del pago de impuestos.
El presidente del ICE señaló que, al inicio de la actual administración, se hizo un análisis de aquellos “traslapes” de funciones entre Racsa y el ICE, y que se decidió enfocar el trabajo de la Radiográfica en negocios o soluciones para empresas e instituciones públicas, aunque no de forma 100% excluyente.
Por último, el jerarca del Instituto argumentó que existe falta de estudios técnicos para llevar adelante un proyecto como el impulsado por el Congreso y señaló que este incluso podría ser inconstitucional, si afecta la sostenibilidad del Grupo ICE.
La diputada Cambronero, sin embargo, criticó que muchos de los contratos del Estado que recibe Racsa llegan a la compañía de forma directa, sin pasar por concurso público. “Ahí no hay competencia y no sabemos, como costarricenses, si esos contratos tienen un precio razonable en relación con el mercado”, indicó.