La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó un proyecto de ley con el objetivo de cerrar la empresa pública Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), que forma parte del Grupo ICE. El plan lleva siete firmas: cinco del PLP y dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La congresista presentó el expediente 24.105 el lunes, bajo el argumento de que Racsa participa en negocios fuera de sus facultades, como proveer al Estado tobilleras electrónicas o escáneres portuarios.
Cambronero agregó que Racsa representa mayores cargas y riesgo financiero para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y para los contribuyentes.
Según enfatizó, la Contraloría General de la República (CGR) ha identificado errores graves en las contrataciones adjudicadas a Radiográfica, así como en la organización administrativa de esa empresa pública.
La legisladora recordó que, en un informe emitido en julio del 2022, la Contraloría identificó debilidades en la planificación de la institución, así como la carencia de mecanismos de control para la obtención de financiamiento externo.
Recientemente, el ente contralor encontró yerros graves en la forma en que el gobierno, mediante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), pretendía darle el negocio de escáneres antidroga a Racsa, la cual se asoció con un consorcio privado mediante un proceso confidencial.
Kattia Cambronero puntualizó que también existe una denuncia en análisis del Ministerio Público por presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones públicas de Racsa, entre ellas más de 40 contrataciones directas en las que Radiográfica subcontrató a empresas.
“Es urgente la necesidad de cerrar instituciones que han perdido su razón de ser. A lo largo de distintas administraciones se le han asignado a Racsa tareas para las que no está preparada; haciéndola vulnerable a posibles actos de corrupción. Los costarricenses estamos cansados de instituciones que no agregan ningún valor para el país”, dijo la congresista.
Además de ella, firman el expediente Eliécer Feinzaig, Jorge Dengo, Luis Diego Vargas y Gilberto Campos, del PLP, junto a Daniela Rojas y Luis Felipe García, del PUSC.
A raíz de la propuesta de Cambronero, el Grupo ICE emitió un comunicado en el que alega que Racsa, “apegada al marco legal costarricense, ha contribuido con un ahorro significativo al Estado”.
Esa nota de prensa asegura que, durante el 2023, ese supuesto ahorro superó los ¢8.400 millones en contrataciones públicas, nacionales e internacionales, de distintas modalidades.
“Racsa tiene una cartera de más de 700 clientes, entre públicos y privados. Racsa ha adjudicado a una empresa de tecnología para brincar servicios de telecomunicaciones de 5G en el 2024, tanto para empresas como hogares y comercios, dándole así un valor estratégico algo para el Grupo ICE”, dice el comunicado.
También, el ICE argumentó que Radiográfica tiene una junta directiva y un comité de vigilancia que definen y dan seguimiento al marco estratégico y a las políticas que permiten su ejecución y “como empresa del Grupo ICE le rige un modelo corporativo que garantiza trazabilidad y la transparencia de sus gestiones”.
