El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar la medida cautelar interpuesta por el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (Aprodeco), en contra del decreto que establece medidas de ciberseguridad para la implementación de las tecnologías móviles del tipo 5G.
Además, según dio a conocer el Gobierno, se levantó la medida provisionalísima instaurada hace un año en contra del reglamento de ciberseguridad para las tecnologías 5G y superiores, que habían sido solicitadas por Huawei.
De acuerdo con el detalle brindado por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), entre las principales conclusiones de la sentencia se destacan que “no hay evidencia de un impacto económico negativo provocado por el decreto ejecutivo, ni tampoco una afectación financiera para el Instituto Costarricense de Electricidad”.
Añadieron que el Tribunal concluyó que no se ha excluido a ningún proveedor de los procesos de licitación por motivo de la aplicación del reglamento.
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La semana pasada, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por la empresa china Huawei para suspender la ejecución del reglamento que le impide convertirse en proveedor de redes y soluciones de tecnología 5G en Costa Rica.
La empresa china cuestionó la decisión del ICE de exigir, en el proceso licitatorio para contratar el hardware y el software 5G, que las empresas provengan de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001, del cual China no forma parte.
El Tribunal determinó que Huawei presume que va a ser excluido del proceso licitatorio o bien no adjudicado, sin que eso haya ocurrido aún. Asimismo, el fallo señala que la compañía asiática no pudo demostrar el daño que le provoca el reglamento.
El decreto Nº 44196-MSP-MICITT, publicado el 31 de agosto en el diario oficial La Gaceta, fue suscrito por el presidente Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora.
Los jerarcas declararon el citado Convenio de Budapest como “un instrumento jurídico fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia, cuyo objetivo principal es prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos, fortalecer la seguridad de los sistemas de información y promover la cooperación internacional en este ámbito”.