La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en contrataciones de varias entidades públicas con Radiográfica Costarricense S.A.(Racsa), según indicó el ente contralor en un comunicado de prensa.
En una investigación sobre el cumplimiento de la ley en contrataciones públicas, la CGR detectó que Racsa fue contratada bajo la excepción de contratación directa entre entes de derecho público
LEA MÁS: Racsa reporta pérdidas por precio del dólar, jubilaciones e inversiones
Sin embargo, para cumplir los contratos, Racsa recurrió a la figura de asociación empresarial con empresas privadas, pese a que la ley posibilita estos contratos directos sólo si la institución contratada (en este caso, Racsa) puede hacer el trabajo por sí misma dentro de su marco de competencia y normativo.
No obstante, al contratar empresas privadas, Racsa y las entidades contratantes incumplieron dicha regla legal.
“El uso indebido de este mecanismo no solo es contrario a la legislación vigente sino que también vulnera el principio constitucional que exige al Estado contratar bienes y servicios mediante licitaciones públicas, asegurando transparencia, igualdad y libre competencia, sin evadir realizar concursos públicos y sus respectivos controles, así como que se trate de la mejor alternativa en precio y condiciones”, explicó la CGR.
La Contraloría informó que si bien existe la posibilidad de que la Administración Pública recurra a la contratación y colaboración tanto entre sujetos de derecho público como de sujetos privados, para el cumplimiento de sus fines,” lo es siempre y cuando se realice dentro de los mecanismos legales existentes y se respeten los procedimientos legales y constitucionales de contratación pública vigentes, que persiguen el mejor uso de los recursos públicos”.
La CGR emitió dos órdenes de cumplimiento inmediato.
La primera es que a las organizaciones contratantes se les ordena “ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos analizados e implementar las acciones para recuperar los montos que por ese concepto se han pagado a la fecha, conforme el ordenamiento jurídico aplicable”.
Las organizaciones contratantes son:
- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA),
- Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara)
- Consejo Nacional de Producción (CNP)
- Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Asamblea Legislativa (AL)
- Dirección Nacional de Cen-Cinai
- La Municipalidad de San José
La segunda orden es dirigida a Racsa debido al uso indebido de la excepción de contratación directa entre entes de derecho público, “permitiendo de forma ilegítima a privados ofrecer bienes y servicios a la Administración sin procesos concursales”.
La Nación consultó a Racsa sobre esta investigación de la Contraloría, pero respondió que se encuentra en “un proceso de análisis de la documentación emitida por la Contraloría General de la República, por lo que no es posible emitir criterio”.
Racsa reiteró “su compromiso con la transparencia y el apego a las normas y leyes correspondientes”.
Marcela Aragón Sandoval, gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades, dijo que estas irregularidades no sólo son contrarias a la legislación, sino al principio constitucional que exige al Estado realizar licitaciones públicas “para garantizar la libre competencia, la transparencia, la igualdad de trato y para obtener las mejores garantías en precios y condiciones, sin evadir la realización de concursos públicos, ni sus respectivos controles”.
Gobierno “se caracteriza por contrataciones ligeras”
La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que desde hace tiempo “existen inquietudes” sobre que las contrataciones de Racsa sean las correctas, y ahora, con este señalamiento de la Contraloría, se debe prestar más atención.
“Más en un gobierno como este, que se ha caracterizado por contrataciones ligeras, donde una buena cantidad de casos se inclinan de manera un poco subjetivas hacia algunas empresas o personas de conformidad con algunos intereses”, añadió Castro.