El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) volvió a estar en el centro del debate. Los errores masivos en la facturación a usuarios, los cobros millonarios y cuestionados contra municipalidades como las de Cartago y Paraíso, y la adquisición de un vehículo de lujo para su presidente ejecutivo reavivaron la discusión sobre su rumbo.
Aparte de estos episodios tan puntuales, hay señales de que el AyA ha dejado de cumplir parcialmente su misión –o está en riesgo de dejar de hacerlo–, la cual es garantizar el acceso al agua potable, un derecho humano esencial.
Esa pérdida de rumbo la confirma una cadena de hechos advertida por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), la Contraloría General de la República y usuarios indignados por cobros y contaminaciones. De hecho, desde julio de 2023 la Aresep alertó de que el AyA “perdió el norte”.
Por un lado, están los errores operativos. En abril del 2024, el 57% de los proyectos de inversión presentaban atrasos, pese a contar con financiamiento de ¢801.000 millones.
A eso se suma el hecho de que el plan Orosi II, clave para garantizar el abastecimiento de agua a más de 600.000 personas en 15 cantones de San José, Heredia y Cartago, fue excluido del portafolio urgente de inversiones. Incluso, en noviembre del 2022, se dejó perder el crédito aprobado por $399 millones para su ejecución. Las justificaciones no convencen y menos se sustentan en estudios técnicos e independientes.
Solo está claro que, por la ausencia de esa obra, no se cuenta con 2.500 litros por segundo, mientras el 71% de los 29 sistemas que abastecen la GAM presentan déficit. En esa coyuntura, no podemos admitir que AyA se permita excusas como la dada por su presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada: “Es imposible garantizar el agua 24/7”.
Por otro lado, se encuentra el impacto económico: el AyA paralizó 2.500 proyectos constructivos al negar disponibilidad de agua, como lo reveló un estudio Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Cámara de la Construcción y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, en enero de 2024. Esto implicó congelar una inversión de $510 millones y la pérdida de unos 11.000 empleos. Lo grave es que estos rechazos ocurrieron por deficiencias de infraestructura que son responsabilidad directa del Instituto.
A esto se suma un episodio que trascendió la semana pasada: 38.900 usuarios fueron afectados por cobros desproporcionados debido a una interpretación errónea de las tarifas aplicadas a medidores únicos. La Aresep lo calificó como “grave error” y un líder sindical reveló que la institución “carece de estructura contable y sistemas” para facturar correctamente.
La afectación a los usuarios es tangible. Lucía Téllez, vecina de Colonia Kennedy, San Sebastián, declaró a La Nación que se vio obligada a pagar ¢72.500 en el cobro de marzo –cuando normalmente paga ¢13.000– para no quedarse sin agua, pese a no tener fugas ni aumentos de consumo. Está por verse qué pasará con la factura de mayo, cuando el monto le subió a ¢393.621.
Pero el AyA no solo falla en cobros, sino también en imposición de los pagos. Si un usuario reclama por facturaciones erróneas, debe pagar primero. Si no paga, se le corta el servicio. Esta práctica autoritaria, incompatible con un servicio público esencial, se traslada incluso a los gobiernos locales.
Las municipalidades de Cartago y Paraíso recibieron cobros millonarios retroactivos. El alcalde Mario Redondo denunció un cargo de ¢16.300 millones que, según él, no está registrado en los estados financieros del AyA y fue “sacado de la manga“.
En el caso de Paraíso, se intentó cortar el servicio a 30.000 personas por un cobro de ¢46,9 millones que la Municipalidad califica de ilegal. La Sala IV debió intervenir para impedir la suspensión del agua. El trasfondo político no puede ignorarse: el alcalde Michael Álvarez pertenece a Juntos Podemos, el partido fundado por la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, quien tiene aspiraciones presidenciales para 2026.
Resultó inusual que fuera la Casa Presidencial la que se tomara la molestia de difundir que AyA le estaba cobrando una deuda a la Municipalidad por el suministro de agua y que el presidente Chaves insultara al alcalde. Es una rara intromisión del Ejecutivo en un asunto muy específico entre una institución autónoma y un ayuntamiento.
En medio de estas controversias, trascendió que el presidente ejecutivo del AyA estrenó un Toyota Prado 2025, adquirido en casi $93.000. Como parte del pago, se entregó un vehículo modelo 2017 en ¢10 millones, pese a que en el mercado puede cotizarse hasta en ¢28 millones.
Tal cadena de hechos nos lleva a concluir que es inadmisible que una institución fundamental para el desarrollo, la salud pública y la equidad territorial continúe en este estado de improvisación y falta de estrategia.
El AyA debe retomar el norte que perdió. Urge poner en ejecución proyectos imprescindibles como Orosi II para garantizar el agua. Eso es pensar con visión de futuro, y es necesario para evitar cada año la angustia por los racionamientos, algo que no puede normalizarse.
También debe invertir en sistemas modernos de facturación que eviten cobros indebidos y garanticen transparencia a los usuarios. Es inaplazable asegurar un uso austero y responsable del presupuesto, así como aplicar procedimientos que impidan cualquier instrumentalización con fines políticos. Los cambios se requieren pronto porque, sin un AyA funcional, el país camina hacia una crisis sin precedentes.
