Un estimado de 38.900 servicios de agua potable del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registran cobros excesivos en sus recibos, provocados, al parecer, por un “grave error” en la interpretación del consumo mensual.
Esta información fue confirmada por el regulador general de los servicios públicos, Eric Bogantes Cabezas y consta también en mensajes del AyA enviados a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) obtenidos por este diario.
El problema radica en que, desde hace dos meses, al parecer el AyA interpreta que un solo medidor abastece a varias casas (común en condominios y propiedades con múltiples unidades de consumo) como un gran consumidor comercial o industrial. Como efecto de ello, explicó Bogantes Cabezas, se aplican cobros erróneos, pues en un solo recibo llegan los consumos de varios servicios.
Por ahora, este problema de facturación ya se tradujo en 85 reclamos formales ante la Autoridad en las últimas semanas e indignación entre los abonados, quienes forman filas en las oficinas del Instituto para reclamar.
La Nación consultó este miércoles al AyA sobre el señalamiento y si gestiona devoluciones en casos en los que el cobro no corresponde con el consumo, dado el historial de uso. Por ahora, el Instituto no se ha referido al tema.
La falla en la facturación que alerta Bogantes Cabezas, se da en momentos en los que la Intendencia de Agua de la Aresep modificó en marzo parcialmente la estructura tarifaria para los “Grandes Consumidores Residenciales” y “Grandes Consumidores Residenciales de Bien Social”, ampliando significativamente los bloques de consumo: de rangos como 0 a 519 metros cúbicos (m³) a nuevos bloques de 0 a 2.500 m³ y de 2.501 a 6.000 m³, y más de 6.001 m³.
El objetivo era corregir un “efecto incremental no deseado en la facturación”, indica la resolución RE-0008-IA-2025 del pasado 5 de marzo. El ajuste no modificó las tarifas, solo ajustó los rangos susceptibles de cobro.
Según la resolución, en propiedades con un solo medidor, pero múltiples unidades de consumo, el cobro se realiza dividiendo el consumo total registrado en el medidor entre las unidades residenciales.
Esto determina la proporción de consumo para cada una, que luego se ubica en la estructura tarifaria vigente para su cobro respectivo.
Desde el punto de vista del abonado, explica la resolución, ampliar rangos debía resultar en cobros más equitativos según patrones de consumo reales, evitando incrementos desproporcionados como en el régimen tarifario anterior.
Sin embargo, la implementación por parte del AyA ha generado un problema.
“Esa es la parte desatinada de las interpretaciones: los cambios no fueron en precios, solo en los rangos de consumo en los bloques tarifarios, pero esto ha sido utilizado para facturar de formas desproporcionadas”, explicó el regulador.
Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa), aseguró que los cobros de abril en adelante no se ejecutan bien debido a que el Instituto, dijo, “carecería de la estructura contable y a nivel sistemas para ejecutarlos como es debido”.
Esta “falta de infraestructura y análisis adecuados para cada abonado al momento del cobro”, según dijo, es lo que provoca ahora el problema, de acuerdo con el líder sindical.
Rodríguez Bonilla lanzó una invitación directa al presidente del AyA, Juan Manuel Quesada, a visitar a sus clientes en los barrios del sur de San José, por ejemplo, el sector de Hatillos, para que observe de primera mano la afectación y molestia de los usuarios.
El pasado 30 de mayo, Quesada Espinoza, envió el oficio No. GG-2025-01450 a la Junta Directiva de la Aresep donde le solicita un pronunciamiento y expresa una “incerteza de aplicación”.
En su mensaje, solicita que se le aclare cómo debe facturarse el cargo fijo para los servicios que abastecen a más de una unidad de consumo (como condominios o edificios de apartamentos) que tienen un solo medidor.
Según su exposición, el AyA no niega directamente los señalamientos de cobros incrementados, pero sí alerta que existiría una incertidumbre jurídica en cómo debe cobrar.
Según la misiva, el AyA habla de los efectos del supuesto vacío en los abonados y en el equilibrio financiero de la Institución. El oficio precisa que casi 38.900 servicios se han visto afectados.
No obstante, el regulador general indicó que ese caso requiere más información por ser un “caso complejo” que requiere análisis más profundo “que una simple petitoria de información”.
El drama de Lucía: de ¢14.000 a casi ¢400.000
El testimonio de Lucía Téllez Quirós, vecina de La Florida, en Colonia Kennedy, San Sebastián, ilustra la magnitud del impacto para las familias.
Vive sola con su hija y pagó ¢13.304 en enero y ¢14.148 en febrero por un consumo en el rango de 46 metros cúbicos de agua, según confirmó este diario a partir de sus recibos de cobro que ella mostró.
Sin embargo, en marzo, su cobro se disparó a ¢72.500 por 44 metros cúbicos utilizados ese mes, una cantidad similar a la de meses anteriores. A pesar de ir a reclamar al AyA, se le exigió pagar la factura para evitar el corte del servicio.
La situación empeoró drásticamente en mayo, cuando el cobro le llegó por ¢393.621 por 123 metros cúbicos de agua consumida.
“Llamé a reclamar y debí pagar los ¢72.500 porque me cortaban el servicio, no me han devuelto nada y me dijeron que debía pagar aunque les hice ver que el consumo no tenía relación con la cantidad de agua, solo me dijeron que iba a ser estudiado mi caso pero insistieron en que debía pagar primero”, relató Téllez.
Ella incluso contrató una empresa privada para revisar si había una fuga interna, la cual certificó que no existía dicho problema.
Con este documento, acudió al AyA, que envió a un inspector propio, quien también confirmó que el medidor estaba en perfectas condiciones y no había fugas.
A pesar de esto, Téllez dice que permanece sin rebajo o solución, enfrentándose a la disyuntiva de pagar montos desproporcionados para no quedarse sin agua. “Tiene que ser un problema de mala lectura en el cobro”, concluyó la afectada.