Esta semana, trascendieron señales de un posible uso abusivo del Estado para afectar a ciudadanos por razones políticas.
El primer caso tiene que ver con el cantón de Paraíso, en donde el partido de Natalia Díaz, Unidos Podemos (PUP), ganó la Alcaldía en el 2024.
Existe una evidente cercanía entre el alcalde Michael Álvarez y la exministra Díaz, quien tiene aspiraciones presidenciales. Por ejemplo, la Municipalidad la invitó a la inauguración de una oficina municipal para la atención del adulto mayor, y ella asistió.
El asunto es que, hace unas semanas, la Casa Presidencial se tomó la molestia de difundir que Acueductos y Alcantarillados (AyA) le estaba cobrando una deuda a la Municipalidad de Paraíso por el suministro de agua potable. Desde entonces, llamaba la atención que la Presidencia se metiera en un asunto tan específico, entre una institución descentralizada y un ayuntamiento. Sin embargo, los hechos escalaron a niveles más preocupantes.
El AyA amenazó con cortar el agua a 4.200 familias de Paraíso si la Municipalidad no pagaba una factura de ¢47 millones a más tardar el miércoles 4 de junio. La medida parecía desproporcionada, tomando en cuenta que el agua es un derecho constitucional y que el alcalde señaló que se trata de un cobro irregular. Es decir, el asunto era discutible.El 3 de junio, con motivo de un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Paraíso, la Sala Constitucional ordenó suspender el corte de agua anunciado por Juan Manuel Quesada, presidente del AyA.En tanto, el alcalde Michael Álvarez reveló presiones adicionales por parte del gobierno de Rodrigo Chaves. El martes 3 de junio, un día antes del inminente corte de agua por parte del AyA, la ministra de Salud, Mary Munive, le envió una orden sanitaria en la que le advertía de que lo denunciaría penalmente ante la Fiscalía y le impondría una multa si no era capaz de garantizar el servicio de agua a los vecinos.
“O sea, nos llegó una orden sanitaria sobre algo que no ha sucedido”, precisó Michael Álvarez, quien calificó la nota de sorpresiva y de constituir una evidencia de las presiones.
En forma paralela, Rodrigo Chaves llenó de insultos al alcalde durante la conferencia de prensa del propio miércoles 4 de junio.
El jerarca de Paraíso fue más allá y recordó que el gobierno se ha negado a girar los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa para llevar el tren a Paraíso, además de que no han llegado escuelas y puentes que son obligación del gobierno.
Paraíso está sin tren y con la amenaza de no tener agua. ¿Le cobran a los habitantes haber elegido a un partido político distinto?
El segundo capítulo sobre un presunto uso abusivo de recursos públicos ocurrió la noche del miércoles en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
El diputado de gobierno, Manuel Morales, quien no es parte de ese foro, asistió para encarar al exdirector y actual asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Hans Sequeira, aprovechando que estaba compareciendo.
Morales lo increpó. Le cuestionó si la DIS estaba hostigando a diputados y a sus allegados. “Vuélvame a ver”, le decía. El asesor de la policía de Casa Presidencial primero dijo que no sabía a qué se refería y que no estaba ahí para hablar de ese asunto; luego respondió con un “no”.
Lo sucedido dejó sorprendidos a muchos, principalmente porque el cuestionamiento no provino de un diputado de oposición a quien el gobierno de Donald Trump le haya retirado visas o quien sea objeto de insultos por parte de Chaves, sino de un legislador del gobierno. Tan es así que Morales estaba justo a la par de Pilar Cisneros.
Consultado después, el legislador declaró que no se debe permitir el uso de medios estatales para perturbar la vida privada de las personas. Recordó que legisladoras como Johana Obando y Kattia Cambronero (a quienes sí les quitaron las visas) han denunciado ser víctimas de seguimientos.
Le saluda Esteban Oviedo, jefe de Redacción de La Nación.