La Sala Constitucional constató que la contaminación del agua con el pesticida clorotalonil persiste en Cipreses de Oreamuno, en Cartago, y que tanto Acueductos y Alcantarillados (AyA) como el Ministerio de Salud desobedecieron la sentencia que ordenó corregir el problema.
Así lo determinó al resolver una gestión de desobediencia presentada en relación con la contaminación de las nacientes Carlos Calvo y Plantón.
Los recurrentes alegaron que, si bien el 30 de noviembre del 2023, el gobierno prohibió el uso del clorotalonil mediante un decerto (43280-S-MAG-MINAE), actualmente se sigue desarrollando la actividad agrícola con el uso de este plaguicida.
Además, el AyA y Salud no utilizaron los parámetros contemplados en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable a la hora de levantar las medidas sanitarias atinentes a las nacientes objeto de este asunto.
En la sentencia 2025- 12770, los magistrados constataron que las autoridades gubernamentales incumplieron una resolución anterior (la 2022-026065), en la que se le ordenó “solucionar de manera integral y definitiva la situación“.
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En octubre de 2024, se levantaron las medidas sanitarias dictadas a causa de la detección de metabolitos de clorotalonil en las nacientes.
Las instituciones tomaron la decisión con base en parámetros recomendados por la Organización Panamericana de la Salud, los cuales, de acuerdo con un informe emitido en octubre de 2024, indicando que los valores del plaguicida no superaban la norma.
“No obstante, los valores de referencia jurídicamente vigentes son los definidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Según esta normativa, la concentración máxima permitida de plaguicidas en el agua potable es de 0,1 μg/L (microgramos por litro), y la suma total de todos los plaguicidas no debe superar los 0,5 μg/L.
“Varios tipos de metabolitos derivados del clorotalonil en las nacientes mencionadas se encontraban en una concentración mayor, sin que el citado reglamento haya sido reformado a fin de incluir otros parámetros con el debido sustento científico”, expuso la Sala Constitucional.
En consecuencia, la Sala ordenó a María Alejandra Mora Segura y Óscar Rodríguez González, gerenta general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y director del Área Rectora de Salud de Oreamuno del Ministerio de Salud, cumplir lo siguiente:
-Solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno.
-En el ínterin, deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa.