No deberíamos pasar por alto la frase del boxeador Bryan Tiquito Vásquez luego de ser arrestado con 72,9 gramos de marihuana y ¢1,3 millones en efectivo. Es falso, como dijo, que “todo el país consume” marihuana, pero la ligereza con que hizo esa afirmación revela hasta qué punto se ha normalizado una práctica que crece en el país.
La frivolidad del deportista es el reflejo de años de mensajes ambiguos y de una debilitada estrategia nacional para educar, prevenir y advertir sobre los riesgos asociados a la droga. Es el resultado de un país donde abundan las opiniones, pero escasea la información veraz; donde los mitos circulan con mucha facilidad y donde el Estado parece haber renunciado a liderar cualquier campaña.
La discusión pública divaga entre si se permite el llamado “uso recreativo” y la cantidad de decomisos, detenciones y procesos judiciales. En el medio, relegado, quedó el impacto que puede tener sobre la salud, especialmente en adolescentes y jóvenes cuyo cerebro aún está en pleno proceso de desarrollo. En esa etapa, la exposición frecuente a sustancias psicoactivas puede interferir con el aprendizaje, la regulación de las emociones, el juicio crítico y la capacidad para construir proyectos de vida.
Las políticas públicas subestiman los efectos del cannabis. Desde hace décadas, se apostó a combatir el consumo de tabaco y alcohol con leyes, restricciones, controles, campañas de información y programas de prevención. Gracias a ese empeño, la población desarrolló una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a ambas sustancias y, en el caso del tabaco, el consumo ha disminuido de manera significativa.
Con la marihuana, en cambio, el debate quedó a la deriva, navegando entre mitos, simplificaciones y desinformación. Está probado que cuando una sustancia es tratada como natural o carente de consecuencias relevantes, aumenta la disposición a experimentarla y consumirla, sobre todo entre adolescentes y jóvenes, quienes suelen tomar decisiones influenciados por la aceptación social.
No se trata de promover alarmismos, sino de reconocer que la normalización del consumo crece en medio del infundio. Muestra de ello son las declaraciones dadas por el deportista, de 38 años, quien alegó: “Ahora en las farmacias se va a vender; hay doctores que dan certificados para que las personas puedan fumar. No entiendo qué estaba haciendo mal y ese fue el problema”.
Vásquez está confundido. Aquí, el consumo de marihuana no es delito, pero eso no convierte la sustancia en legal. El cannabis continúa siendo una droga psicotrópica ilícita y, por esa razón, las autoridades están facultadas para decomisarla cuando detectan su consumo en la vía pública y pueden intervenir cuando las cantidades encontradas generan sospechas de que no están destinadas exclusivamente al uso personal.
Las distorsiones también alcanzan el terreno de la salud, como lo explicó en este diario el psiquiatra del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Luis Eduardo Sandí, cuando expresó que “al igual que en el fútbol, todo el mundo cree que sabe de la marihuana”, pero, en realidad, la mayoría desconoce sus efectos secundarios.
En esa misma línea, una investigación de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), dada a conocer el pasado 26 de abril, desmintió la frase de que “todo el país consume”, aunque sí ratificó que su uso va en aumento. Con datos al 2022, el estudio señala que el 20% de la población ha probado cannabis alguna vez, cifra más alta que el 7,1% de 2006 y el 17,7% de 2015.
En tanto, el consumo activo (en los últimos 30 días) pasó de 0,6% hace dos décadas, a 4,4%. La edad promedio de inicio es 18 años y la mayor cantidad de consumidores tiene entre 20 y 29 años. Sin embargo, entre los colegiales, la alta incidencia en estudiantes de duodécimo año prende una luz roja: 8,8%.
Otra alerta es que las intoxicaciones de menores de edad por marihuana ya superaron las asociadas al consumo de alcohol, según el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CNCI). Mientras en 2020 se registraron 30 casos de intoxicación por cannabis frente a 48 por licor, en 2024 la relación se invirtió y la marihuana pasó al primer lugar, con 103 casos frente a 97.
Estas estadísticas deben sacudir la conciencia de quienes diseñan las políticas públicas, porque cada punto porcentual que aumenta el consumo de esta droga representa miles de personas más expuestas al riesgo de desarrollar una adicción. Y es que las drogas no solo alteran la salud; también destruyen sueños, vínculos familiares, trayectorias educativas y laborales, y profundizan la exclusión social.
Es cierto que la mejor política antidrogas comienza en el hogar, con padres y madres presentes. También se requieren comunidades comprometidas y, sobre todo, un Estado con instituciones capaces de educar, prevenir y atender. Las evidencias se acumulan desde hace años y apuntan en la misma dirección. Ignorarlas sería una irresponsabilidad. Estamos advertidos.