La Corte Penal Internacional (CPI), el único tribunal global dedicado a investigar, procesar y, si hay mérito, condenar a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, está bajo ataque. No es la primera vez. Sin embargo, la ofensiva no proviene ahora, como ha sido usual, de regímenes dictatoriales, sino de la principal potencia democrática del mundo: Estados Unidos, con el respaldo de Israel.
Un mes más tarde, el 12 de agosto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue más allá. Durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles, celebrado en Panamá, instó a los países aliados a abandonar la Corte. Delegados de Costa Rica participaron en la actividad, junto con representantes –en su mayoría militares– de los demás países.
Ante esta ofensiva, el pasado 20 de agosto, el canciller Manuel Tovar reafirmó el respaldo de Costa Rica a la Corte Penal Internacional. La posición es la correcta. Si, en medio de esta campaña, Estados Unidos ejerce presiones directas sobre nuestro país, el gobierno debe sostener su postura con la misma claridad y firmeza. Lo contrario significaría contribuir a un golpe demoledor contra la justicia penal internacional y desconocer dos pilares esenciales de la política exterior costarricense: la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos.
Por esos valores, Costa Rica fue activo participante en la conferencia que, en 1998, aprobó el Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la CPI. Fuimos de los primeros en ratificarlo, y contribuimos así a completar las 60 adhesiones necesarias para que entrara en vigencia, en 2002. Además, el canciller de entonces, Bruno Stagno, presidió su Asamblea de Estados parte entre 2006 y 2008.
A diferencia de lo que sostiene Rubio, la Corte Penal Internacional no pretende ni tiene la potestad de convertirse en un árbitro internacional sin límites. Su jurisdicción está claramente delimitada. Puede actuar en determinadas circunstancias respecto de crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o por sus nacionales, cuando un Estado parte remite una situación al tribunal, por iniciativa de la Fiscalía dentro de los límites establecidos por el Estatuto de Roma o mediante una remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Estados Unidos nunca ha sido parte de la CPI y, además, tiene poder de veto en el Consejo. Tampoco Rusia y China, ambos con derecho de veto, figuran entre sus 123 miembros, al igual que Israel, Arabia Saudita, India, Turquía y Pakistán. Recientemente, Venezuela, por presiones estadounidenses, inició el proceso de retiro. Se convertirá así, junto a Cuba, Haití y Nicaragua, en el cuarto país de América Latina y el Caribe fuera del organismo; sin duda, algo revelador.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve litigios entre Estados, la CPI, como tribunal penal, determina responsabilidades individuales en cuatro tipos de crímenes: de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión.
Durante sus 24 años de existencia, las condenas han sido escasas, no por desdén ni inacción, sino por la complejidad y las garantías del proceso que debe seguirse desde la apertura de una investigación hasta la resolución definitiva.
Además, algunos de los acusados han logrado evitar las órdenes de arresto. Tal es el caso de Omar al-Bashir, sanguinario exdictador de Sudán. También permanecen sin ejecutarse las órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y Yoav Gallant, entonces ministro de Defensa, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte también emitió órdenes contra dirigentes de Hamás, entre ellos Mohammed Deif, posteriormente declarado muerto por Israel.
Por supuesto que la CPI ha tenido problemas internos. El más serio condujo a que, el 24 del pasado mes, su Asamblea de Estados destituyera al fiscal general, el británico Karim Khan, suspendido desde 2021, por mantener presuntas relaciones impropias con una subalterna. El episodio ha sido un golpe duro para la institución y ha dado nuevo impulso a la campaña de Estados Unidos e Israel en su contra.
Sin embargo, ninguna conducta irregular de sus funcionarios, por grave e inaceptable que sea, justifica emprender una ofensiva contra la Corte, y mucho menos presionar a sus Estados miembros para que la abandonen. Al contrario, es desde dentro donde deben impulsarse las reformas necesarias.
Los países comprometidos con el derecho internacional deben seguir trabajando para fortalecer una justicia penal internacional que, pese a sus limitaciones y defectos, representa una de las pocas barreras institucionales frente a la impunidad de los crímenes más graves.
Esa es la trinchera en la que debe mantenerse Costa Rica. La declaración del canciller Tovar apunta en la dirección correcta. Ahora corresponde sostener esa posición frente a cualquier presión y defenderla con la misma firmeza con que el país ha defendido, durante la casi totalidad de su historia, el derecho internacional y los derechos humanos.
