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El canciller Manuel Tovar afirmó que Costa Rica respalda a la Corte Penal Internacional (CPI). La declaración del jefe de la diplomacia se produjo mientras Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, presiona a sus países aliados para que desconozcan la autoridad del tribunal.
“Reafirmamos nuestro respaldo a la Corte Penal Internacional”, declaró Tovar el jueves 20 de agosto, durante la celebración del 35.º aniversario de la independencia de Ucrania. La actividad fue organizada por las embajadas de Ucrania, la Unión Europea (UE), Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En el acto participaron integrantes del cuerpo diplomático, así como el excanciller Arnoldo André y el exministro de Seguridad Mario Zamora, quienes fueron designados por el gobierno de la presidenta Laura Fernández como embajadores de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) en Washington, Estados Unidos, y Ginebra, Suiza, respectivamente.
Las declaraciones de Tovar se producen mientras Estados Unidos intensifica su ofensiva contra la CPI. El pasado 12 de agosto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprovechó un discurso en Panamá para pedir “encarecidamente” a sus aliados en América Latina que abandonen el tribunal.
Hegseth reiteró el llamado durante un foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles, en el que participó Costa Rica.
La administración Trump también ha impuesto sanciones —que incluyen la prohibición de viajar a Estados Unidos y el congelamiento de activos en ese país— contra varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente por las investigaciones del tribunal relacionadas con Israel, uno de los principales aliados de Washington.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la guerra en Gaza. El tribunal también emitió órdenes contra dirigentes de Hamás, entre ellos Mohammed Deif, quien posteriormente fue declarado muerto por Israel.
Costa Rica respalda acciones para defender a Ucrania
Además de reafirmar el respaldo a la CPI, Tovar manifestó el apoyo de Costa Rica a los “esfuerzos para crear un tribunal especial” y una “comisión de reclamaciones” destinados a reparar los daños sufridos por Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
La CPI tiene como misión investigar y juzgar a los responsables de algunos de los crímenes más graves de trascendencia internacional, entre ellos el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Su intervención opera como último recurso cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a garantizar la rendición de cuentas.
No obstante, el tribunal enfrenta limitaciones jurisdiccionales para investigar y juzgar el “crimen de agresión”, del que se le acusa a Rusia por su ofensiva contra Ucrania. El tribunal especial propuesto busca llenar precisamente ese vacío y permitir que los responsables de haber iniciado la guerra puedan ser juzgados por ese delito.
El “crimen de agresión” se refiere a la decisión de los dirigentes de un Estado de planificar, preparar, iniciar o ejecutar un acto de agresión contra otro país. Se considera un “crimen de liderazgo”, debido a que la responsabilidad recae principalmente en quienes ocupan posiciones de poder y tomaron o facilitaron la decisión de recurrir a la guerra.
La Unión Europea es uno de los principales impulsores de la creación de este tribunal especial, que pretende complementar el trabajo de la CPI y reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas por la guerra en Ucrania.
La orden de arresto contra Putin
La CPI también ha desempeñado un papel central en las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos durante la invasión rusa de Ucrania.
En marzo de 2023, el tribunal emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en el crimen de guerra de deportación ilegal y traslado ilegal de niños desde zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso.
Entre los jueces de la CPI que autorizaron la orden de arresto contra Putin figura el costarricense Sergio Ugalde Godínez, contra quien el gobierno ruso emitió una orden de búsqueda y captura a finales de 2023, en represalia por su participación en la decisión.
Costa Rica ratificó el Estatuto de Roma en 2001. Este tratado, adoptado en 1998, estableció la CPI. Rusia, Ucrania y Estados Unidos no son Estados parte del Estatuto de Roma.
