Así lo dio a conocer este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado de prensa. Los nombramientos fueron acordados el miércoles en la sesión del Consejo de Gobierno.
Cancillería indicó que los funcionarios podrán iniciar labores en el corto plazo, ya que los nombramientos ante organismos internacionales no requieren del beneplácito por parte de los gobiernos de los Estados anfitriones.
Otros nombramientos
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno oficializó la designación del empresario Boris Marchegiani como embajador ante la ONU en Nueva York. El empresario comenzó a figurar en la escena pública en 2025, luego de que se revelara que financió las vallas publicitarias en las que se exigían las renuncias de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial; Carlo Díaz, fiscal general; y Marta Acosta, contralora general de la República.
Zamora y Marchegiani tendrán como embajadoras permanentes alternas a la diplomática de carrera Eugenia Gutiérrez Ruiz, quien estará destacada en Ginebra, y a Ana Lorena Villalobos Brenes, quien se desempeñará en Nueva York.
Gutiérrez se venía desempeñando como directora alterna de Política Exterior, mientras que Villalobos fungía como directora alterna en la Dirección de Protocolo de Cancillería, de acuerdo con el sitio web de esa institución.
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que las designaciones “cumplen con los requisitos de idoneidad para el nombramiento, al combinar experiencia profesional y trayectoria para impulsar la estrategia y defensa de Costa Rica desde el multilateralismo y el Derecho Internacional”.
Asimismo, aseguró que las personas nombradas contribuirán al avance de la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU.
Atestados de Zamora y André
Zamora, abogado de profesión, estuvo a cargo de la cartera de Seguridad Pública desde mayo de 2023, luego de que el anterior jerarca, Jorge Torres Carrillo, fuera removido del cargo y regresara a su puesto al frente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Esa fue su segunda oportunidad al frente de ese ministerio, ya que también ocupó el cargo entre los años 2011- 2014, durante el gobierno de Laura Chinchilla.
Por su parte, André fue uno de los seis ministros que lograron sobrevivir en el cargo durante los cuatro años completos del gobierno de Rodrigo Chaves. Es abogado especializado en Derecho Internacional, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Es considerado uno de los principales hombres de confianza de Rodrigo Chaves, incluso desde antes de su llegada al poder, acompañándole desde la campaña electoral que culminó con su llegada a la Presidencia en 2022.
Incluso presidió la sociedad ATA Trust Company, encargada de administrar el polémico fideicomiso que financió la primera etapa de la campaña, mediante una estructura paralela a las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Este caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República. En junio de 2025, el Ministerio Público presentó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra André y otros seis integrantes de los supremos poderes, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.
Entre los imputados figuran Rodrigo Chaves; el exvicepresidente y actual diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Stephan Brunner; y los exdiputados oficialistas Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero.
