Editorial

Editorial: La Caja a paso lento

Cuando el gerente general Roberto Cervantes ordenó recuperar los salarios pagados a un grupo de huelguistas, había pasado mes y medio desde el primer abandono de labores

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidió aplicar la ley y ordenó a sus siete gerentes hacer lo necesario para recuperar los salarios pagados a los participantes en las huelgas del 7 y 14 de julio contra la ley de empleo público. No obstante, las instrucciones se giran en circunstancias que obligan a dudar de la inicial voluntad de la institución.

Las instrucciones fueron giradas el 20 de agosto por el gerente general, Roberto Cervantes Barrantes. Cuando el funcionario estampó su firma en el oficio, había pasado mes y medio desde el primer abandono de labores. En ese lapso, la Caja buscó la forma de responder las consultas del diputado Carlos Ricardo Benavides sobre la falta de aplicación de la ley de huelgas y, finalmente, contestó de la única forma posible, aparte de una declaración de rebeldía. La normativa es clara y los jerarcas prometieron aplicarla. No obstante, nada dijeron sobre la recuperación de salarios, y Benavides se vio obligado a insistir sobre el punto en carta fechada el mismo 20 de agosto.

Cervantes giró la orden un día después de la publicación en este diario de las gestiones de Benavides y la tardada respuesta de la institución. El desgano de la reacción institucional también se hizo notar con la imposibilidad de levantar un acta a solicitud del gerente de Logística para documentar el abandono de labores por una parte del personal del laboratorio de soluciones parenterales. Las justificaciones de la omisión van desde la supuesta impertinencia de la petición del gerente hasta la aparición de un caso de covid-19, pasando por la llegada tardía de la notaria al laboratorio.

La huelga amerita la aplicación de la ley, no solo para respetarla, como es de rigor en una democracia, sino también para reprochar las consecuencias del ilícito movimiento. Más de 50 intervenciones quirúrgicas fueron suspendidas y otros servicios se vieron interrumpidos. También sufrió la producción de un suero requerido para la vacunación contra la covid-19.

No es poca cosa. Por eso, inquieta la parsimonia de las autoridades y la aparente resistencia a aplicar la «Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» (9808), cuyo texto exime al patrono de la obligación de pagar el tiempo no laborado por participar en una huelga ilegal. En este caso lo era, sin discusión, porque la salud está entre los servicios esenciales.

En el oficio dirigido al cuerpo gerencial, Cervantes tiene el buen tino de recordarles, aparte del deber de apegarse a la legalidad, la obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos. El gerente de Logística intentó hacerlo, pero no recibió la asistencia solicitada. No sería ocioso averiguar por qué, para precisar si la Dirección Jurídica debió actuar de otra manera.

La auditoría interna inició una investigación sobre ese tema y sobre la falta de reacción de las gerencias. La lección de la acuciosidad del diputado Benavides es la conveniencia de prestar atención a ese proceso tanto como al desenlace de las gestiones para recuperar los salarios mal pagados.

El gerente pide actuar de forma «célere y diligente» para recobrar el dinero, pero, a estas alturas, la Caja no parece saber el monto. «La Nación» solicitó el dato la semana pasada, y todavía no tiene respuesta. La institución solo confirmó la participación de 340 funcionarios en los dos movimientos, es decir, una pequeña fracción del total de sus empleados.

El 19 de agosto 612 funcionarios abandonaron sus labores para protestar contra la reforma del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la propia institución y necesitado de ajustes para evitar males mayores. Conviene plantear, de una vez, la pregunta sobre el pago de salarios, no sea que la orden se gire dentro de mes y medio.