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Los siete gerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberán tomar las acciones que sean necesarias para recuperar los salarios pagados a los trabajadores de la entidad que participaron en las huelgas del 7 y 14 de julio contra la ley de empleo público.
Esas protestas afectaron más de 50 cirugías, interrumpieron servicios y hasta la producción de un suero requerido para la vacunación contra la covid-19. Se trató de movimientos ilegales por ser la salud un servicio esencial.
La orden girada a los siete gerentes consta en el oficio GG-2758-2021, firmado por Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la Caja, el pasado 20 de agosto.
El mandato de Cervantes se dio un día después de que La Nación reveló que la CCSS omitió solicitar a jueces de trabajo la reincorporación de los 340 funcionarios que se unieron a las huelgas en julio, tal y como lo exige la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (9808).
En el documento mencionado, el gerente general le recuerda al resto de gerencias de la institución que, si se comprueba la participación de un empleado en una huelga, el patrono no tiene obligación de pagar por el tiempo laboral que estuvo ausente.
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“Conforme a lo anterior, la garantía del uso correcto de los fondos públicos y el acato del principio de legalidad impone se proceda al rebajo y/o no pago de los salarios por el periodo que el trabajador estuvo ausente debido a su participación en el movimiento”, decretó Cervantes.
Además, afirma que deben proceder de manera “célere y diligente” para recuperar el dinero pagado por tiempo no laborado.
Según datos suministrados por la CCSS, en las huelgas del 7 y 14 de julio participaron 340 funcionarios del Hospital Rafael Ángel Calderón, Hospital Nacional de Niños, el Área de Salud de Zapote y el Laboratorio de Soluciones Parenterales, entre otros servicios.
La CCSS aún no precisa cuánto desembolsó a esos funcionarios que participaron en las protestas.
Desde la semana pasada, este diario consultó a la CCSS sobre ese aspecto, pero la oficina de prensa aún no responde la solicitud de información.
Las omisiones de las gerencias y la Dirección Jurídica de la entidad para cumplir lo que manda la ley en materia de huelgas fue elevada a la Auditoría Interna para una investigación.
Ahora, será esa instancia fiscalizadora la que deberá definir si los funcionarios involucrados faltaron a sus deberes y si procede la apertura de procedimientos disciplinarios para imponer eventuales sanciones.
El 19 de agosto anterior, la Seguridad Social enfrentó otra movimiento, esta vez fue la reforma al sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte lo que motivó a los funcionarios a salir a la calle.
Ese día contabilizaron hasta 612 trabajadores en huelga.
Solo en el Hospital Nacional de Niños se dejaron de hacer 20 operaciones de las 26 programadas, informó la directora médica, Olga Arguedas Arguedas.
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La ley 9808, conocida como la ley de huelgas, rige desde enero de 2020.
