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La escasa seguridad en APM Terminals es un grave riesgo para el comercio exterior costarricense. Toneladas de cocaína exportadas de Limón hacia Europa minan la confianza de las autoridades extranjeras e intensifican el escrutinio de los productos utilizados para disimular narcóticos. El retraso, sobre todo cuando el contenido de los contenedores son bienes perecederos, implica la pérdida de clientes y productos.
Asegurar una revisión minuciosa de los embarques en el puerto local es materia de interés nacional. Poco se habla del asunto cuando se debate sobre la competitividad, pero garantizar a los países de destino la pulcritud de nuestros envíos es una considerable ventaja o, cuando menos, elimina una desventaja frente a países más cuidadosos.
Ningún puerto es invulnerable y en todos hay un porcentaje de contrabando exitoso, pero la situación de Moín es alarmante a primera vista. El puerto más importante del país, por donde sale más del 80% de las exportaciones marítimas, solo cuenta con un escáner y, entre mayo del 2021 y enero del 2022, permaneció fuera de servicio por una avería.
Peor todavía es el involucramiento en el narcotráfico de empleados de la terminal y de la empresa proveedora de servicios de seguridad. El martes, seis trabajadores de APM Terminals fueron capturados como sospechosos de integrar una banda narcotraficante. La Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó seis allanamientos simultáneos en la provincia de Limón para detenerlos.
Según las autoridades, la banda introducía drogas en los contenedores con ayuda del personal de seguridad privada. El caso pone de manifiesto una falla todavía más grave que la carencia de equipos de detección. La eficacia de un escáner no puede ser mayor que la honradez de su operador y el personal encargado del manejo portuario. Hay técnicas para asegurar el buen desempeño de esos trabajadores pero, por lo visto, en APM Terminals no se aplican.
Si las detenciones del martes fueran el primer caso de una banda enquistada en las operaciones del puerto, bastarían para ponernos en estado de alerta, pero hay un antecedente más grave, por lo menos en cuanto al número de participantes. En agosto, diez empleados fueron aprehendidos por integrar una banda dedicada a enviar droga a Europa.
En los 15 allanamientos ejecutados en esa oportunidad fueron detenidas también tres personas ajenas a APM Terminals, pero en la decena de empleados aprehendidos hay una encargada de operar el escáner. Se le investiga por omitir la detección de 3.466 kilos de cocaína disimulados en una carga de puré de banano.
En buena hora el gobierno anunció la instalación de escáneres para combatir el narcotráfico en todos los puertos y aeropuertos a partir del 2023. Hasta ahora solo hay uno, el de Moín, cuando no está averiado. La desprotección es alarmante si se considera la posición estratégica del istmo centroamericano en la ruta de la droga producida en el sur.
No obstante, las detenciones del martes y sus antecedentes señalan la necesidad de fortalecer la seguridad del puerto con otras medidas, como la definición de rigurosos protocolos de contratación y operación. También es indispensable adoptar políticas redundantes de control y revisión. Los escáneres, por sí solos, no bastan para enfrentar la amenaza a la seguridad nacional y a nuestras exportaciones.
Según Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este año se incautaron 20 toneladas menos de droga que en los dos anteriores. El dato llama la atención porque el tráfico global más bien viene en aumento y el escáner de Moín estuvo fuera de servicio la mitad del año pasado. La necesidad de prestar urgente atención está fuera de toda duda.
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