Editorial: Incentivos contraproducentes

No lo dice La Nación, sino la comisión para el análisis del sistema de administración de salarios creada por la propia Universidad en el 2013 para explorar formas de recobrar el equilibrio financiero. La comisión estudió las repercusiones del aumento de las anualidades del 3 % al 5,5 % a partir del 2010. La decisión la adoptó el Consejo Universitario durante la administración de la rectora Yamileth González, pese a las advertencias de la Contraloría institucional acerca de los efectos ruinosos.

La comisión confirmó los pronósticos de la Contraloría y encontró otros efectos negativos, exactamente contrarios a las razones alegadas para sustentar el aumento de las anualidades. La medida se justificó por razones de igualdad, pues la ley de incentivos médicos llevó el beneficio de los profesionales de la salud al 5,5 % y la cúpula decidió extender el privilegio a toda la comunidad universitaria sin importar la inexistencia de una relación con la medicina.

Pero, lejos de lograr igualdad, la comisión encontró que el sistema «incrementaría las brechas salariales entre personas que realizan una misma labor, por el simple hecho de que algunas de ellas cuentan con un mayor número años de laborar para la institución».

Las anualidades tampoco abonan a la calidad académica porque, aparte de privilegiar la antigüedad por encima del mérito, incentivan el retardo de la pensión e impiden renovar el personal. Siempre habrá, en el ámbito académico, profesores invaluables de edad avanzada, pero también jóvenes pujantes, poseedores de los últimos conocimientos en sus campos, a menudo adquiridos en prestigiosos centros de estudio de todo el mundo.

El crecimiento vegetativo de las remuneraciones «siembra» a sus beneficiarios en el cargo y cierra el camino a la renovación. Innumerables estudiantes y graduados pueden señalar ejemplos de profesores desactualizados y con pocos incentivos —verdaderos— para ponerse al día.

El monto de las pensiones se suma a los beneficios salariales para incentivar a los «docentes y administrativos a postergar su retiro, pues la brecha entre lo que recibirían como pensión y lo que reciben como salario se va incrementando con los años, lo cual dificulta la renovación del cuerpo docente y amarra el personal a la universidad cuando en otro caso hubieran preferido jubilarse», afirmó la comisión.

El sistema de incentivos creado por la Universidad no cumple sus objetivos, privilegió los incrementos salariales «vegetativos», como la anualidad o el escalafón, «en detrimento del mérito académico», cuyo porcentaje, como componente del salario, se mantuvo estable o cayó levemente desde el 2010. Posteriormente, hubo ajustes en los incentivos, pero las propuestas de fondo de la comisión y los seis años transcurridos desde la presentación de su informe no produjeron mayor cambio estructural.

En consecuencia, los males y peligros diagnosticados en el 2015 siguen vigentes. La suspensión del escalafón y la reducción de las anualidades del 5,5% al 3,75%, por ejemplo, no ofrecen sostenibilidad a las finanzas institucionales, según el exrector Henning Jensen y la realidad constatada en los últimos años. La subsistencia de las todavía altas anualidades tampoco resuelve la preeminencia dada a la antigüedad ni los efectos nocivos de la postergación de las jubilaciones. Por supuesto, en nada contribuye a la «igualdad».

Presionada por su situación financiera y la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el resto de las instituciones públicas, la UCR redujo las anualidades al 1,94 % sobre el salario base el año pasado, pero solo mientras se resuelve un juicio entablado para eximir a la institución de los alcances de la ley. Esa pretensión, en sí misma, es motivo para reafirmar la inclusión de las universidades en la ley de empleo público y de ninguna manera esperar el informe de la novísima comisión constituida, precisamente, para librar a las instituciones de educación superior de esa normativa.