Escuchar
La mayor parte de la provincia de Guanacaste está a las puertas de una grave crisis. Como informamos este lunes en un amplio reportaje, ya la sienten sus ganaderos y agricultores; también acecha a la industria turística, y los hogares no escaparán a ella.
Buena parte de su origen es climático: la falta de lluvias producto del fenómeno El Niño. Las autoridades meteorológicas prevén que su fuerza inusitada generará sequías extremas en el “corredor seco” centroamericano, que incluye a Guanacaste.
A esto se añade la crisis de suministros y altos precios del petróleo y los fertilizantes, desatada por las secuelas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Su impacto en los costos está golpeando severamente a los productores alrededor del mundo, y no somos excepción.
A lo anterior se añaden malas decisiones gubernamentales. La más grave fue el injustificado retraso en las obras del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume). Consiste en la canalización de aguas del embalse Arenal y remanentes del Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) hasta el embalse en el río Piedras, para conducirlas hasta la margen derecha del Tempisque. De allí serán distribuidas a más de 18.000 hectáreas con vocación agrícola, proyectos turísticos y consumo doméstico, con una vida útil de 50 años.
En abril de 2022, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), firmaron el contrato de crédito por $425 millones para financiar la casi totalidad de la obra, valorada en casi $458 millones. La Asamblea Legislativa lo aprobó con celeridad. El 2 de mayo, el presidente Carlos Alvarado y el ministro Elian Villegas sancionaron la ley respectiva.
Quedó así listo para echar a andar. Según el cálculo original, estaría completado en alrededor de seis años; es decir, en 2028. Ni siquiera en este caso lograría contrarrestar los efectos recargados de El Niño. Sin embargo, fue “replanteado” por el anterior gobierno, y ahora las autoridades reconocen que no estará listo antes de 2030, un desfase que se añadirá a las penurias más inmediatas de los productores.
Al frenar el plan original y rebautizarlo como Agua para la Bajura, el entonces presidente, Rodrigo Chaves, no adujo razones técnicas de peso. Más bien, lanzó la versión de que solo beneficiaría a “grandes finqueros” y que no contemplaba el suministro de agua potable. La verdad era otra: garantizaba –y garantiza– agua a 746 productores agropecuarios y casi medio millón de guanacastecos. Producto del cambio, las obras comenzaron en julio de 2023.
El actual grado general de avance se desconoce. Oscila, según el Senara, entre apenas un 4% de la toma de agua (aspecto crucial) a 95% de la fabricación de arcos de túnel. Además, está pendiente adquirir el 39% de las propiedades por las que pasará.
Nos hemos detenido en esta explicación porque es ejemplo de cómo las consideraciones políticas se sobrepusieron a los intereses generales de la población, y porque, más allá de la emergencia que asoma, a Guanacaste le urge el agua.
Los efectos de El Niño fueron expuestos el miércoles 2 de junio por jerarcas de algunas carteras e instituciones, durante la comparecencia semanal de la presidenta Laura Fernández. Además, ofrecieron consejos a los productores agropecuarios, anunciaron el “fortalecimiento de capacidades” en el suministro y uso del agua, y la coordinación con los bancos para la concesión de créditos a los afectados.
Hasta el momento, son escasos los detalles de cómo se aplicarán estas medidas y cuál será su impacto. Esperamos que se aclaren y apliquen pronto y, sobre todo, que se sientan en el terreno. En nuestra información de ayer expusimos los casos de Ricardo Briceño y Carlos Gutiérrez, dos pequeños ganaderos agobiados por la mezcla del impacto de la sequía, la consecuente falta de pastos, la necesidad de acudir a otras fuentes para alimentar al ganado y el incremento en todos los costos. Su situación se replica en centenares de casos más.
No hay soluciones mágicas para esta emergencia de dimensiones múltiples. Debe ser razón de más para la coordinación entre instituciones, la presencia de sus representantes operativos en el campo, un apoyo técnico-financiero adecuado y un reforzamiento de los programas sociales en las zonas afectadas. Así, al menos, podría atenuarse la crisis que enfrenta Guanacaste.
