Lucía Astorga. 29 julio, 2018
El proyecto Paacume plantea impulsar el desarrollo socioeconómico en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, a partir de un embalse en el río Piedras que permitiría a la zona mayor disponibilidad de agua. Foto: Archivo
El proyecto Paacume plantea impulsar el desarrollo socioeconómico en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, a partir de un embalse en el río Piedras que permitiría a la zona mayor disponibilidad de agua. Foto: Archivo

“Antes, la reserva biológica Lomas de Barbudal no estaba en el radar de la gente, mucho guanacasteco casi que la desconocía y hoy que se viene a hablar del proyecto Paacume, como que la gente se ha interesado por conocerla”.

Así reflexiona Alexander León, director del Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT), sobre la polémica que encierra a la única reserva biológica bosque tropical seco del país, por la posible desafectación de 113 de sus hectáreas para ser inundadas, con el fin de crear un embalse en el río Piedras, en Guanacaste.

La controversial medida es considerada, por sus proponentes, como vital para hacer realidad el plan Paacume o Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras, mientras que sus opositores consideran que la misma sentaría un precedente peligroso.

“Si estas 113 hectáreas no se pueden usar para el embalse, el proyecto se cae, son indispensables porque llegan casi hasta el fondo de la presa, si no tenemos eso y no lo podemos inundar, no hay capacidad de embalse. Tendríamos que empezar a formular otra propuesta que no sería ni la sombra de esta”, advirtió Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de proyectos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), entidad responsable para el desarrollo y ejecución de Paacume.

Por su parte, Henry Picado, presidente de la Federación Ecologista Nacional (Fecon), asegura que esto “abre una puerta que para nosotros es bastante preocupante porque podría ser un mal precedente para otros parques nacionales o zonas de protección, porque podríamos inclusive intervenir otra área a partir de esta experiencia, lo que nos parecería regresivo”.

La creación del embalse es tan solo uno de los cuatro componentes de infraestructura planteados, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de agua para riego y consumo humano, en la margen derecha del río Tempisque y estimular el desarrollo socioeconómico de la región.

Esta modificación en los límites de Lomas de Barbudal, se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 20.465, el cual fue dictaminado afirmativamente el pasado 17 de julio en una comisión especial de la provincia de Guanacaste, para que inicie su discusión en el plenario.

El proyecto en detalle
Embalse de río Piedras
Embalse de río Piedras

La propuesta se convertiría en una extensión del Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), el cual inició en 1979 con la construcción de la presa Miguel Pablo Dengo, como parte del complejo hidroeléctrico Arenal-Corobicí-Sandillal.

Esta estructura es alimentada por las aguas del embalse Arenal, las cuales son canalizadas para generar energía hidroeléctrica y también se aprovechan para riego agropecuario por medio de los canales sur y oeste.

El canal sur y secundarios se extienden por 42.5 kilómetros entre los cantones de Cañas y Abangares, conduce hasta 30 metros cúbicos por segundo y riega 15.500 hectáreas.

Mientras que el canal oeste y su red secundaria de 42 kilómetros, moviliza hasta 55 metros cúbicos por segundo y riega más de 19.032 hectáreas, en los cantones de Cañas, Bagaces, Liberia y Carrillo.

Lo que permite que las áreas productivas de la margen izquierda del río Tempisque no resientan de forma tan directa, las variaciones por el cambio climático o que dependan de la estacionalidad de las precipitaciones.

Algo similar se pretende hacer con Paacume, esta vez en el margen derecho, aprovechando las aguas del embalse Arenal, que por medio de una ampliación del canal oeste, abastecería el embalse de río Piedras y beneficiaría con riego a un área aproximada de 18.800 hectáreas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.

Además, de ser una reserva de agua potable para unas 500 mil personas, la cual sería entregada por el Senara a Acueductos y Alcantarillados (AyA), en Sardinal, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya, para que se haga cargo de su tratamiento y distribución final.

Mecanismo de la discordia
El pasado 24 de julio, durante una gira a Guanacaste, el presidente de la República Carlos Alvarado y la primera dama Claudia Dobles, visitaron la presa Miguel Pablo Dengo, para conocer los detalles del proyecto Paacume. Foto: Alonso Tenorio
El pasado 24 de julio, durante una gira a Guanacaste, el presidente de la República Carlos Alvarado y la primera dama Claudia Dobles, visitaron la presa Miguel Pablo Dengo, para conocer los detalles del proyecto Paacume. Foto: Alonso Tenorio

“Guanacaste en este momento tiene ya años de estar muy paralizado en el desarrollo turístico, en la producción agropecuaria y en general el crecimiento local está muy limitado por el agua. Entonces el proyecto lleva un componente de desarrollo socioeconómico a la región”, dice Coto al referirse a la necesidad de la iniciativa.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el método escogido para solventar esta problemática.

“Lo primero que identificamos como amenaza es la posibilidad de interferir una zona RAMSAR y ser el primer país en el mundo que se propone disminuir o hacer una infraestructura en una zona con ese tipo de categoría de conservación”, expresó Henry Picado.

La reserva biológica Lomas de Barbudal forma parte del Humedal Palo Verde, el cual fue declarado como sitio RAMSAR desde el año 1991, por ello deben cumplirse ciertos estándares internacionales, establecidos en una convención que fija el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

Por ejemplo, el artículo 4, inciso 2 del acuerdo, el cual indica que:

Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca los limites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales y en particular. crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar.

Para determinar cómo realizar este proceso de compensación, se contrató a la Organización de Estudios Tropicales (OET), cuyo estudio en un inicio recomendó la adquisición de la finca Asetrek, de más de 444 hectáreas. Sin embargo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se opuso a la propuesta, por lo que esta se amplió para incluir a otras dos propiedades más: Brindis de Amor de 86,96 hectáreas y Hacienda Ciruelas de 25 hectáreas.

“Lo que ellos hacen es comparar con fincas aledañas para ver la equivalencia ecológica, a cuanto corresponde esa igualdad en términos de área”, menciona Marvin Coto del Senara.

Convirtiéndose este sistema en otro de los puntos adversados por grupos ambientalistas como Fecon.

“Nos preocupa el mecanismo de compensación que nunca ha sido ensayado en el país, una compensación que básicamente se hizo mediante los criterios que la OET interpuso. Cuestionable porque nuestro país multidiverso en términos ecosistémicos, no se puede asegurar que un árbol que está a 100 metros de otro es exactamente el mismo, a pesar de que sea la misma especie, edad y etc", indicó el líder de la organización ecologista.

Sobre este aspecto, Marvin Coto del Senara, señaló que "precisamente el estudio es para determinar a cuánto corresponde esa igualdad ecológica en términos de área, porque si lo que se pidiera es reponer la misma área, entonces son 113 hectáreas iguales y eso no existe”.

Por su parte, el biólogo Jorge Lobo, de la Universidad de Costa Rica (UCR), también ha criticado el estudio por varios aspectos, entre ellos las posibles modificaciones que a su criterio, sufriría el entorno por la presencia del espejo de agua de 850 hectáreas, de las cuales, 113 pertenecen a la reserva biológica.

“Crear un embalse de más o menos 90 millones de metros cúbicos de agua, al lado de un parque nacional que es un bosque seco, es un impacto importante porque así como la falta de agua es un problema, también lo es el exceso de esta, altera las condiciones iniciales del bosque tropical seco, es decir, la presencia de ese volumen del líquido cambia completamente el ecosistema, podemos tener la llegada de otras especies que van a suplantar las que están adaptadas a un regimen estacional seco como es el propio de Lomas de Barbudal”, explicó el académico.

Quien se muestra confiada de que esta es la mejor opción posible es la diputada y ambientalista Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien ha sido particularmente señalada por los opositores del proyecto, debido al respaldo que ha brindado a la iniciativa.

“Hay una valoración de costo beneficio que nos obliga a tener que sacrificar esa área (las 113 hectáreas)", expresó la legisladora.

“Desde el punto de vista ambiental, los criterios que me llevan a apoyar el proyecto es que fue revisado minuciosamente por ACAT, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, el Consejo Regional de Áreas de Conservación, además de que el Ministerio de Ambiente dice que es posible compensar el área”, añadió.

Para la diputada oficialista, el país cuenta con una capacidad demostrada para regenerar ecosistemas y "ha llevado a cabo proyectos de esta envergadura con un mínimo impacto, como ha sido la geotermia en varias zonas de Guanacaste, entonces, con un buen plan de mitigación podemos hacerlo bien”.

Beneficiarios del proyecto
Senera rechaza que el proyecto Paacume vaya a beneficiar a los grandes productores o cadenas comerciales en la zona, como aseguran los opositores de la propuesta. Foto: Graciela Solis
Senera rechaza que el proyecto Paacume vaya a beneficiar a los grandes productores o cadenas comerciales en la zona, como aseguran los opositores de la propuesta. Foto: Graciela Solis

El proyecto Paacume plantea destinar 16,5 metros cúbicos por segundo para riego agropecuario, 1,5 metros cúbicos por segundo para riego en zonas turísticas y 2 metros cúbicos por segundo para agua potable, distribución que también genera señalamientos.

“No están caracterizados los usuarios finales, hemos señalado que esta agua va a ser utilizada por empresas cuestionadas por su impacto ambiental y social. Cuestionamos que haya una inversión país tan importante, en industrias que históricamente han sido contaminantes, como siembra de caña y melón”, mencionó Henry Picado.

Sin embargo para Senara, a futuro este proyecto puede resultar en toda una transformación de la zona, producto del plan para desarrollo social que acompañaría la iniciativa.

“A partir de este momento, vamos a empezar a trabajar el tema del desarrollo, porque la infraestructura le da agua, pero realmente los beneficios y los impactos del proyecto, son a partir de que el agricultor empiece a producir”, indicó Coto.

“¿Por donde pasa todo eso?, por financiamiento, capacitación,y articulación interinstitucional. Para estructurar el plan de desarrollo tenemos una meta de dos años, porque tiene que empezar a implementarse al menos un año o año y medio, antes que la infraestructura esté”, acotó.

Una posición similar sostiene la diputada Vega.

“Yo insisto que no tenemos que satanizar el agua para uso agropecuario, porque al final de cuentas si hablamos de seguridad alimentaria, de que el país tenga qué comer, que se reduzca la pobreza, tenemos que tener agua para uso agropecuario”, puntualizó.

Senara también descarta que el proyecto vaya a privilegiar a los grandes productores y cadenas comerciales.

Actualmente se tienen identificadas alrededor de 700 fincas, mayores a las dos hectáreas, de las cuales el 70% tienen una zona de producción menor a las 25 hectáreas.

“¿Qué significa?, que hay una gran cantidad de pequeños productores, así como hay uno que otro de 800 hectáreas. No nos alcanza el agua para que rieguen toda la finca, entonces lo que vamos a darles es una cantidad de agua para que alcance para una proporción de la finca y para evitar inequidad estamos manejando un desbalance hacia el pequeño productor”, explicó el funcionario.

Según Sendara, desde el año 2004, la Central Azucarera del Tempisque (Catsa), El Pelón de la Bajura y el Viejo, tienen agua del distrito de riego, luego que estos hicieran una inversión en obra pública, por la que se les pagó con agua y ahora también abonan una tarifa, por lo que quedan por fuera de esta iniciativa.

En el caso de los grandes hoteles de la zona, la entidad asegura que ya tienen resuelto su problema de agua, por lo que más bien quienes se verían beneficiados son pequeños y medianos emprendimientos que necesitan agua para otros usos que no es potable, y que no cuentan con la capacidad para poner sus plantas de tratamiento y desalinización.

“Tampoco es que ellos van a llegar y decir que del agua que hay deme 400, no, se tiene que saber quiénes son, cuánto es lo que necesitan y con base a eso se define, para que haya más posibilidad de distribuirla entre más desarrollos”.

Otro aspecto que se plantea solucionar es la presión que sufren los acuíferos de la región, como ocurre en el sector de Cartagena. Desde hace 10 años en este lugar ha existido un importante conflicto social por el uso del agua del acuífero Nimboyores, ya que el recurso es muy poco.

En vista de esta situación, se va a incorporar una cantidad de agua que será bombeada hasta ahí para regar unas 100 hectáreas y promover el desarrollo agrícola.

Fomentar alianzas con la zona turística, es otra de las posibilidades que a Senara le gustaría desarrollar junto a una gran variedad de instituciones públicas y privadas, de tal forma que organizaciones de productores vendan a los hoteles y que los huéspedes de estos visiten las áreas productivas. Mientras que la cercanía con el aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, también plantea posibilidades para desarrollar en la zona una agroindustria de exportación.

El proyecto Paacume está previsto para entrar en operaciones a finales de 2022, luego de tres años de construcción, pero todo eso dependerá de la aprobación del proyecto 20.465 y del crédito de $425 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar las obras.

Así como el visto bueno del estudio de impacto ambiental que desde hace ocho meses se encuentra en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), entre otros aspectos.