Editorial

Editorial: Freno a un abuso

La ley aprobada para condonar ¢5.515 millones a deudores de la Banca para el Desarrollo otorgaba y extendía “beneficios injustificados, irrazonables y desproporcionados, en detrimento del uso eficiente de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo la Sala IV al declarar la inconstitucionalidad de la norma.

Poco falta añadir, aparte de preguntar cómo fue posible reunir 39 votos para aprobar una ley merecedora de esa descripción. Los magistrados no son los únicos convencidos del abuso. La Contraloría General de la República lo señaló con firmeza al interponer el recurso resuelto el 29 de junio, y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) también se resistió al obligado rescate de cooperativas con mala nota crediticia porque los fondos debían salir de sus arcas. Por eso planteó, por aparte, un recurso de inconstitucionalidad.

La votación en el Congreso se hizo con pleno conocimiento de los abusos por venir. La ley se justificó como un apoyo necesario para los agricultores afectados por la pandemia, pero no les exigía demostrar las pérdidas ni su relación con la emergencia sanitaria. Tampoco importaba saber si una condonación parcial bastaba para enderezar el rumbo de la empresa o si las pérdidas fueron causadas por otros factores, incluida la simple y sencilla irresponsabilidad.

También era irrelevante el número de operaciones del beneficiario con el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), administrado por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Hecha la condonación sin comprobar siquiera la buena fe del deudor, se hacía borrón y cuenta nueva. El beneficiario recobraba en el acto su condición de sujeto de crédito. Para obtener el beneficio, bastaba una declaración jurada sin la menor formalidad.

Quizá la característica más asombrosa del proyecto es la aprobación de las condonaciones a ciegas, sin la menor oportunidad de un examen público de su necesidad o justicia. El SBD entregó al Congreso una lista de posibles beneficiarios y pidió mantenerla secreta para resguardar la confidencialidad bancaria. Los legisladores no pudieron hacer un análisis a cabalidad porque no todos los deudores incorporados a la lista pretendían la condonación y tampoco se reveló el monto de las deudas individuales.

La Nación logró constatar que cuando menos 200 potenciales beneficiarios tenían deudas tributarias y con la seguridad social por unos ¢1.400 millones, y entre las pérdidas bien podrían figurar muchas ocurridas antes de la pandemia, porque la gran mayoría de créditos fueron otorgados más de seis años antes de la aparición del coronavirus.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se unió a la Contraloría y al Ministerio de Planificación para advertir de los inconvenientes del proyecto. Según la entidad, una legislación de esa naturaleza podría fomentar conductas oportunistas e irresponsables. “La promoción y aprobación de este tipo de disposiciones, dejando lagunas de aplicación que permiten su aprovechamiento por deudores que mantenían problemas de comportamiento crediticio desde antes de la pandemia” conlleva un “serio riesgo moral” ante quienes sí cumplieron sus obligaciones, argumentó el Conassif.

La experiencia acredita más allá de toda duda las afirmaciones y advertencias. En las dos décadas anteriores, el Congreso aprobó 13 leyes para perdonar deudas a productores agropecuarios. De más está señalar que buena parte de ellos no califican como pequeños o medianos.

En síntesis, no faltó quien señalara a los diputados la inconveniencia de la ley y las abundantes razones para rechazarla, pero pudieron más las presiones políticas de los interesados en defenderla. Ojalá el voto de la Sala y su fuerte lenguaje sirvan de lección para futuras iniciativas como la derrotada, porque hay poca duda de que las habrá.

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