EscucharSalvo algún acontecimiento inesperado, la recuperación de las frecuencias necesarias para desarrollar la red móvil de quinta generación (5G) quedará para el próximo gobierno, pese a la intención declarada por el actual. La resistencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), bajo cuyo dominio están las frecuencias, se sobrepuso a la urgencia de meter a Costa Rica en la carrera por la adopción de tecnología de punta.
Cuando se trata del ICE, la historia se repite una y otra vez. El instituto atrasó la adopción de internet de banda ancha y defendió el moribundo negocio de la telefonía internacional hasta el último minuto, sin importar el daño infligido a la competitividad, el desarrollo y la calidad de vida. También se opuso a la apertura de las telecomunicaciones, cuyos beneficios son hoy evidentes, y cuando se impuso el cambio, atrasó hasta donde pudo la limpieza de las bandas requeridas por los competidores. Luego, hizo cuanto estuvo a su alcance para posponer la portabilidad numérica.
Tarde o temprano, las exigencias del desarrollo volverán a imponerse, pero los costos del atraso se acumulan a diario. Las oportunidades perdidas son irrecuperables, tanto como el rezago en la adaptación a la tecnología dominante. El gobierno lo comprende y definió la recuperación de las frecuencias como una prioridad desde sus inicios, pero el ICE simplemente se niega y el Ejecutivo teme represalias legales de la institución si ejerce la potestad de quitárselas mediante una declaratoria de interés público.
Las frecuencias son propiedad del Estado, su administración debe estar a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y la ley contempla la posibilidad de recuperarlas mediante la declaratoria. El interés público, por otra parte, resulta completamente obvio.
La tecnología 5G ofrece velocidades de hasta 10 gigabits por segundo y está revolucionando los negocios digitales y la aplicación de las nuevas tecnologías a todos los quehaceres, incluyendo los más básicos y domésticos. La llamada «internet de las cosas», consistente en la interconexión de objetos de uso cotidiano con la red, depende de la adopción de la tecnología 5G.
Esa tecnología, en consecuencia, no solo resulta indispensable para mantener la competitividad, atraer inversiones y ofrecer a los emprendimientos nacionales mejores oportunidades de triunfo sino, también, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Abundan los interesados en desarrollar la red, pero el ICE lo impide con la esperanza de posicionarse mejor para explotar las nuevas oportunidades.
En eso también la historia se repite y el resultado nunca ha sido el esperado por la empresa estatal. Las postergaciones no produjeron ventajas sostenibles para la institución. Solo causaron daño al desarrollo de las telecomunicaciones, cuyo crecimiento una vez removidos los obstáculos es evidente.
El gobierno confiaba en concluir la devolución de las frecuencias en mayo del 2021. Esa fecha pasó y en junio de ese año el Micitt declaró su voluntad de apurar la recuperación. A poco más de tres meses de concluir la administración, las evasivas del Ministerio apuntan al traspaso de la tarea al próximo gobierno. Las autoridades siguen alegando la necesidad de estudiar con atención el fundamento de «cualquier decisión administrativa para que sea conforme al bloque de legalidad y respetando el debido proceso garantizado por ley». Tratándose de una prioridad definida desde el 2018 en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, sería razonable esperar que esas dudas estuvieran resueltas.
Mientras tanto, la industria alerta sobre las consecuencias del tiempo perdido. Según Elizabeth Arroyave Rojas, vocera de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), «la liberación de frecuencias es solo un primer paso, muy importante por ser parte de la ruta crítica, pero no es el único. Aún faltan muchas acciones. El proceso desde la preparación de una licitación de espectro hasta su asignación, y por ende su ejecución, es largo, entre dos y cuatro años». El país no debe seguir en espera del primer paso.
