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Marta Esquivel Rodríguez, candidata a diputada del oficialismo por el primer lugar en Heredia, llega al día de las elecciones –con altísimas probabilidades de resultar electa– con varios lastres, pero uno de ellos probablemente le acarreará constantes reproches: el no haber acatado la orden de la Contraloría General de la República para devolver sobresueldos que, según el órgano fiscalizador, recibió cuando presidió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Casi dos años después, la directriz de ese órgano constitucional sigue sin cumplirse, pese a que la exjueza laboral, exmagistrada suplente de la Sala IV y exministra de Trabajo y de Planificación, ofreció hace dos años reintegrar el dinero si el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) así lo dictaminaba. Y lo hizo: en enero de 2024, la entonces ministra del Mideplán y ahora candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, firmó un criterio que le dio la razón a la Contraloría. Aun así, pago no hubo y más bien Fernández, ya estando en ruta a la campaña, la postuló para diputada en el principal lugar de la papeleta herediana.
El caso permanece empantanado en un proceso de lesividad planteado por la CCSS ante el Tribunal Contencioso Administrativo y escaló incluso a una contrademanda presentada por Esquivel, en octubre, en la que esta reclama a la Caja al menos ¢119 millones.
En el olvido quedó esta declaración tan firme, del 11 de enero del 2024: “Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera, un procedimiento”.
La Contraloría determinó, desde diciembre de 2023, que el pago mensual de ¢7.158.848, asignado cuando el presidente Rodrigo Chaves la nombró, en setiembre de 2022, violentaba el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que fija un tope máximo equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja del sector público. Ese límite ascendía entonces a ¢5.565.000, es decir, ¢1,6 millones menos por mes.
La Contraloría incluso fue categórica al concluir que se le otorgó un pago “superando el límite máximo estipulado por el artículo 42” y que “la infracción a esta normativa legal supone una afectación a la Hacienda Pública, toda vez que implica una erogación de fondos públicos superior a la establecida por el legislador”.
El tema merece un cuestionamiento, no solo porque cualquiera de los dos salarios es alto, sino porque Esquivel se apresta a ocupar, a partir del 1.º de mayo, una curul desde la cual no solo deberá legislar, sino fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y exigir a jerarcas el cumplimiento de las leyes.
Más aún, en este caso, la discusión no debería enredarse cuestionando si algún funcionario o dependencia de la CCSS cometió un error administrativo al aprobar un salario superior al permitido, o si, como ella dijo, se le irrespetó el debido proceso. El tema central es el cumplimiento de la ley.
Hay que recordar que el artículo 42 de la Ley de Salarios se reformó dentro de la reforma fiscal aprobada en 2018 para ajustar los sueldos a montos que el Estado pueda asumir de forma razonable. Aunque todos los empleados públicos se vieron afectados y reclamaron, también respetaron y cumplieron la ley.
La contradicción se acentúa al repasar el papel que ella asumió a su salida de la CCSS, en medio del escándalo del Caso Barrenador. Nombrada como ministra del Mideplán, en marzo de 2025, emitió una directriz para exigir a la Universidad de Costa Rica el estricto apego a la ley en materia salarial y suspender su régimen académico. “Un régimen salarial sin respaldo técnico ni legal adecuado pone en riesgo la equidad, la estabilidad financiera y la seguridad jurídica de las instituciones”, advirtió la entonces ministra. Eso –exigir respeto a los límites legales– es exactamente lo mismo que la Contraloría aplicó a su propio salario en la CCSS y que motivó la orden de devolución aún pendiente.
A este hecho se suma otro capítulo que comprometería su autoridad en el Congreso. Desde el 19 de enero, la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS intenta convocarla para que rinda cuentas. La llamaron al teléfono registrado en el Colegio de Abogados y le escribieron al correo que dio cuando se postuló para magistrada suplente. Pero el 25 de este mes, Esquivel emitió un comunicado en el cual alegó estar fuera del país y no haber recibido la notificación formal en su domicilio o correo personal. Ese antecedente podría socavar su autoridad cuando pretenda hacer convocatorias a comisiones legislativas.
En la función pública, se predica con el ejemplo. Quien aspire a ocupar cargos de poder debe ser el primero en apegarse a la ley, respetar a las instituciones y rendir cuentas. Esa es una condición mínima para legislar, porque la autoridad se sostiene en la coherencia entre lo que se exige y lo que se hace.
