La Junta Directiva de Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) interpuso un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo por los presuntos sobresueldos que recibió la expresidenta ejecutiva de esa institución, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, actual candidata a diputada por Heredia del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Así lo confirmó la CCSS a raíz de una consulta de La Nación, mientras que el Poder Judicial ratificó el trámite del expediente en la sede contenciosa.
La Junta Directiva de la Caja inició el proceso de lesividad el 19 de marzo de 2024, para declarar la nulidad de la acción de personal Nº 435077-2022 en donde se estableció el salario de Esquivel Rodríguez y ordenó a la Dirección Jurídica de efectuar las acciones judiciales. La decisión la tomó mediante el artículo 9 de la sesión 9421.
Ahora, el proceso se elevó a Tribunales de Justicia.
La CCSS agregó que, por estar en trámite el expediente, no es posible dar a conocer más detalles y aclaró que, "mientras no se declare judicialmente la nulidad de dicha acción de personal, no resulta procedente iniciar trámites administrativos tendientes a una eventual recuperación de montos que se hubiesen pagado de más".
Los presuntos sobresueldos
En diciembre de 2023, la Contraloría General de la República reveló que la CCSS pagó a Esquivel un salario de ¢7.158.848 mensuales desde que fue nombrada, el 20 de setiembre de 2022. Ella ejerció la presidencia de la CCSS durante 24 meses y 20 días hasta el 10 de octubre del 2024.
No obstante, el salario total de los funcionarios públicos no puede superar los ¢5.565.000. Así lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, implementada en el 2018, la cual fijó un tope de 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos.
La Contraloría ordenó a la Junta Directiva ajustar de inmediato el monto devengado por Esquivel y recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto derivado de las diferencias, como aguinaldos, salarios escolares, cargas sociales y fondo de capitalización laboral, entre otros.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda detalló que la causa por lesividad se tramita bajo el expediente 24-003261-1027-CA, sin especificar la etapa en que se encuentra.
Un proceso de lesividad es igual a una demanda ordinaria, pero quien actúa es el Estado para que se anule un acto que otorga un derecho emitido por el mismo Estado. Es decir, el Estado demanda a alguien favorecido por una conducta del mismo Estado, como en el caso de Esquivel, acusada de cobrar un salario superior al tope.
Para plantear la demanda, se requiere que, de previo, el emisor del acto (en este caso la Caja) dicte un acuerdo en el que explique por qué estima que el acto es nulo y lesivo al interés público. Al plantearse el reclamo judicial, se sigue el trámite ordinario en donde la Procuraduría deberá pronunciarse y, por lo general, se involucra la Contraloría.
En caso de que se declare la nulidad y quede en firme, se podría cobrar a Esquivel los aparentes montos devengados demás.
Este medio solicitó una versión al abogado Edgardo García, quien representa a la expresidenta de la Caja; sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición. De igual manera, se intentó contactar a Esquivel sin lograr alguna reacción.