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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), creada en 1970 por el presidente republicano Richard Nixon, tiene la obligación de regular los elementos contaminantes peligrosos para la vida humana. Así lo dispone la Ley de Aire Limpio, del mismo año, fortalecida en 1990, que ha guiado la acción climática estadounidense.
En 2009, con base en abundante e incontrovertible evidencia científica, la EPA (por sus siglas en inglés), concluyó que seis gases con efecto invernadero –entre ellos, el dióxido de carbono, el metano y los hidrofluorocarbonos– representaban evidentes riesgos para la población.
A partir de esa determinación, conocida como “principio de peligro”, o endangerment finding, y con gran apoyo de los presidentes demócratas Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025), la Agencia comenzó a aplicar una serie de regulaciones para reducir el impacto de todos esos gases. Gran parte de su énfasis, desde entonces, se orientó a introducir metas para reducciones en la industria automotriz, junto al impulso, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, de tecnologías limpias y la producción de vehículos eléctricos.
El 12 de febrero, el gobierno de Donald Trump echó por la borda esa política, y aceleró aún más el retroceso ambiental que ha impuesto a Estados Unidos. Mediante un decreto ejecutivo, anuló la vigencia del principio adoptado por EPA en 2009, y eliminó así su obligación de regular los gases con efecto invernadero. En su anuncio, presentó la medida como un gran impulso a la economía en general y a la industria automotriz en particular, que quedará liberada de múltiples regulaciones ambientales y, presuntamente, se economizará miles de millones de dólares en costos de producción.
La realidad es muy distinta. El ahorro parte una estimación imprecisa e interesada, porque, entre otras cosas, no contempla su impacto negativo sobre las inversiones realizadas por los fabricantes de vehículos en su transición hacia nuevas líneas de manufactura orientadas a la eficiencia y limpieza energética.
Además, mientras Europa, Japón y, sobre todo, China, avanzan en la electrificación del transporte y de la economía en general, Estados Unidos se quedará más a la zaga de lo que ya está, y perderá competitividad. Es decir, mientras la enorme mayoría de los países industrializados avanza hacia un futuro más eficiente, económico y menos contaminante, Trump se guía por un espejo retrovisor enfocado en la primera mitad del siglo XX.
Pero más graves aún serán las consecuencias ambientales. El 14 de enero, apenas un mes antes del anuncio de Trump, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) reveló que los tres años comprendidos entre 2023 y 2025 han sido los más cálidos desde que existen registros globales de temperatura. A pesar de que el fenómeno conocido como La Niña produjo cierto enfriamiento, en el último de ellos la temperatura media en la superficie terrestre superó en 1,44 grados Celsius el promedio del periodo 1850-1900.
Esos récords han exacerbado fenómenos meteorológicos catastróficos, como oleadas de calor, lluvias torrenciales, huracanes más violentos y sequías extremas. A ellos se unen los procesos de deshielo y el aumento en el nivel del mar, con riesgo para poblaciones costeras e, incluso, la propia supervivencia de pequeños países insulares.
Todo lo anterior produce cambios que, además de perjudiciales en sí mismos, se convierten en aceleradores del calentamiento global y crean cadenas que agravan las crisis climáticas, al punto de que la humanidad puede llegar a umbrales de no retorno. Es un perverso ciclo conocido como “efecto de retroalimentación positiva”.
Por ser el segundo mayor emisor global de gases con efecto invernadero (China lo supera), lo que ocurra en Estados Unidos es determinante para el mundo en general. Sin embargo, tanto en la dimensión ambiental, como en la sanitaria y de seguridad humana, los mayores perjudicados inmediatos serán sus propios habitantes. Las mayores emanaciones incrementarán también la contaminación del aire, un fenómeno que se acelera debido a los incendios forestales más frecuentes e intensos, y exacerbará las enfermedades respiratorias.
Una serie de grupos ambientalistas, además de gobiernos estatales, han emprendido acciones judiciales para impedir la materialización de los cambios. Es muy probable que logren su paralización temporal, pero nada asegura que tendrán éxito definitivo. Además, el desdén de Trump y sus aliados por la realidad del cambio climático, su cercanía a los intereses de la industria de hidrocarburos y su visceral e irracional hostilidad a las energías renovables, no augura nada bueno en los tres años que restan de su administración.
En última instancia, la solución real tendrá que ser política. Corresponderá al electorado definirla en 2028. Entretanto, el resto de los países, cada uno desde sus responsabilidades y realidades, deberemos seguir trabajando por evitar un desastre climático que llegue a tornarse irreversible.
