La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunciará una norma para dejar sin efecto el llamado endangerment finding, una declaración adoptada en 2009 durante el gobierno de Barack Obama que estableció que el dióxido de carbono y otros gases contaminantes representan una amenaza para la salud pública y el bienestar general.
La información fue publicada con base en fuentes de la Casa Blanca por The Wall Street Journal.
“Esta semana, en la Casa Blanca, el presidente Trump adoptará las acciones de desregulación más significativas de la historia para liberar el dominio energético estadounidense y reducir los costos”, afirmó en un comunicado la portavoz presidencial, Karoline Leavitt. “Esta será la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense $1.300 millones en regulaciones asfixiantes”, agregó.
Múltiples expertos han cuestionado la agenda antiambiental de Trump. “Las decisiones de Trump no tienen sentido ni desde el punto de vista de la protección ambiental ni desde el costo de la energía”, afirmó en The Guardian Naomi Oreskes, historiadora de la ciencia y profesora de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad de Harvard.
Según Oreskes, al frenar proyectos eólicos que están a punto de entrar en operación y reactivar plantas de carbón peligrosas y poco rentables, la administración eleva tanto los costos directos de la energía para la población estadounidense como los costos indirectos asociados a la contaminación del aire y a los daños provocados por el cambio climático.
La conclusión científica que será revocada, conocida como la determinación de peligro (endangerment finding), estableció que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública y el bienestar general, y obligó al gobierno federal a regularlos, dado que provienen de la quema de petróleo, gas y carbón.
La derogación implicaría eliminar la obligación de establecer estándares federales de emisiones de gases de efecto invernadero para los automóviles. También pondría en riesgo regulaciones climáticas como los límites al dióxido de carbono de las plantas eléctricas y al metano de las operaciones de petróleo y gas.
El dictamen original concluyó que seis gases de efecto invernadero —incluidos el dióxido de carbono y el metano— ponen en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático.
Esa conclusión se derivó de una decisión de la Corte Suprema de 2007, Massachusetts vs. EPA, que afirmó que los gases de efecto invernadero califican como contaminantes en virtud de la Ley de Aire Limpio e instruyó a la EPA a determinar si representan un peligro para la salud y el bienestar públicos.
Si bien la Determinación de Peligrosidad inicialmente se aplicó solo a una sección de la Ley de Aire Limpio que regula las emisiones de vehículos, posteriormente se incorporó a otras normativas.
