EscucharEl gobierno se apresuró a retirar la llamada “ley jaguar” de la corriente legislativa. Lo mismo hicieron quienes presentaron el proyecto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para tramitar una convocatoria a referéndum por iniciativa ciudadana. En ambos casos, plantearon nuevas reformas, con textos incapaces de subsanar las razones de inconstitucionalidad ya señaladas por la Sala IV cuando examinó la iniciativa original.
Conservaron, además, las reformas cuestionadas por la Contraloría General de la República y los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) en sus consultas elevadas a la Sala IV. Hay fundadas razones para dudar de la constitucionalidad de esas propuestas, comenzando por la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para permitir las adjudicaciones a dedo, pero tardaremos en saberlo con la certeza de una resolución judicial.
La Sala Constitucional no podrá pronunciarse sobre las consultas pendientes porque los expedientes originales fueron retirados con premura de la corriente legislativa y también del TSE. Al archivar la gestión de los diputados del PLP, los magistrados afirmaron, el martes, como era de esperar, que la consulta carece de interés actual porque el proyecto ya no figura en la corriente legislativa. Lo mismo dirán, con toda seguridad, de la gestión de la Contraloría, porque el primigenio jaguar ya no existe siquiera en el TSE.
La trascendencia de ambas consultas era la inclusión de todas las normas de dudosa solidez constitucional y no solo las cuatro consultadas por el TSE. Si la Sala IV hubiera tenido la posibilidad de pronunciarse sobre las demás iniciativas, probablemente no quedaría una sola mancha del jaguar.
El Ejecutivo aprovechó la extraña e inexplicable omisión del TSE para crear un espacio de incertidumbre política y jurídica donde la moribunda iniciativa tiene un último respiro. El claro propósito es mantener viva la tensión artificialmente creada con el proyecto, en una sociedad de por sí polarizada.
El propio TSE quedó atrapado en la refriega. Si no consultó las demás normas, dice el gobierno, es porque no dudó de su constitucionalidad. Según la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, el TSE no planteó esas consultas “porque no hay ahí ninguna duda de constitucionalidad” y que, como han reiterado a lo largo del debate durante estas semanas, “las dudas de constitucionalidad eran las relacionadas con las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría”. En opinión de Fernández, los magistrados del TSE no perciben la más remota posibilidad de roce entre la reforma para permitir contrataciones a dedo y el principio de concurso público fijado en la Constitución Política.
Si la ministra tiene razón, el Tribunal deberá incurrir en las mismas omisiones cuando consulte la nueva versión de la ley jaguar. Está obligado a repetir el trámite porque, aunque no comparta las dudas de connotados expertos sobre la constitucionalidad de la reforma del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y los demás no consultados, el nuevo texto mantiene una propuesta ya señalada como inconstitucional: eliminar el párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría donde se establece la obligación de acatar sus disposiciones.
El TSE no puede hacer caso omiso de la reiteración de esa pretensión en la nueva ley jaguar y, con la consulta, sabremos si sus magistrados realmente están seguros de la solidez de las reformas no cuestionadas la primera vez. Una nueva omisión no tendría otra explicación, luego de la discusión originada por la primera y las declaraciones de la ministra de la Presidencia.
Pero si el TSE tiene tanta certeza sobre la constitucionalidad de esas normas como para no consultarlas, existe una gran posibilidad de que la Sala Constitucional opine de otra forma. La Contraloría y los diputados seguramente volverán a formular sus consultas, incluida la duda sobre los artículos ignorados por el TSE. La resolución de esas gestiones podría aclarar si el Tribunal debió tener cuando menos duda sobre las propuestas señaladas.
