Ahora, a solicitud de los mismos ciudadanos Édgar Espinoza y Alberto Cabezas, el órgano electoral iniciará el procedimiento desde cero, pero esta vez con base en la nueva versión que presentó el gobierno el pasado 30 de julio.
“El Tribunal entendió por desistido el expediente en el que se tramitaba la solicitud de autorización para recolectar firmas. Se entendió así porque ambos, don Edgar y don Alberto, pidieron que se tuviera por sustituida su voluntad, porque ya no querían someter a consulta el expediente 24.364 (primera propuesta), sino el 24.467 (segunda propuesta). Por eso, el Tribunal estimó que, sobre la primera solicitud, ya no había interés de los gestores”, detalló Andrei Cambronero, vocero de la presidencia del TSE.
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Espinoza solicitó que se continuaran las gestiones del segundo proyecto de ley bajo el mismo expediente que ya estaba abierto, pero esa solicitud fue denegada.
“El Tribunal determinó que no es posible tramitar bajo un mismo expediente dos proyectos legislativos distintos. Por esto, se dispuso que se abriera un nuevo expediente para que se tramite la petición de recolección de firmas para la segunda versión del proyecto”, explicó el vocero del TSE.
De acuerdo con Cambronero, el nuevo procedimiento partirá desde el primer paso, que es la revisión para determinar si la solicitud cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad.
Luego de esto, si supera el primer filtro, el proyecto pasaría a consulta ante el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
En ese hipotético caso, los magistrados electorales también podrían enviar el proyecto en una nueva consulta de constitucionalidad ante la Sala IV. “Será una valoración que hará el Tribunal con los elementos de juicio que estén en el expediente”, declaró Cambronero.
La nueva gestión se llevará bajo el expediente 520-2024. El magistrado instructor, electo por turno, será Max Esquivel Faerrón.
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Este martes 6 de agosto, la Sala IV también archivó la consulta de constitucionalidad que existía sobre la primera propuesta de “ley jaguar”, la cual fue planteada por 11 diputados de oposición. El alto tribunal descartó conocer el proyecto debido a que este ya no existe en la corriente legislativa.
La consulta, contenida en el expediente 24-017382-0007-CO, la presentaron los seis diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) junto con cuatro de Liberación Nacional (PLP) y la independiente María Marta Padilla.
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