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En 1948, Costa Rica tomó una decisión que todavía la define ante el mundo al abolir el ejército y apostar por la democracia, el derecho internacional y la educación como únicas formas legítimas de organizar el poder. Fue una apuesta deliberada sobre qué clase de país queríamos ser. Setenta y ocho años después, un manifiesto publicado desde Silicon Valley propone exactamente lo contrario: un mundo gobernado por la vigilancia masiva, el poder duro y la inteligencia artificial al servicio del Estado armado. Conviene que este país tenga algo claro que decir al respecto.
La empresa Palantir Technologies publicó el 18 de abril, en la red X, un documento de 22 puntos que resume su visión del orden mundial. El texto califica el pluralismo como “vacío y superficial”, propone un servicio militar universal y obligatorio, defiende las armas autónomas como una inevitabilidad estratégica y plantea que las democracias liberales solo sobrevivirán si las élites tecnológicas toman las riendas allí donde la política “ha fallado”.
El poder blando, argumenta el manifiesto, ha llegado a su límite; lo que viene es un mundo construido sobre código, algoritmos y vigilancia a escala industrial. El experto en populismo Cas Mudde, quien visitó Costa Rica hace unos meses con advertencias similares sobre el avance del autoritarismo, calificó el documento como “tecnofascismo en estado puro”.
Lo más inquietante del manifiesto no es su retórica marcial, sino su aparente moderación. Habla de “Occidente”, de “sociedades libres”, de preservar el orden internacional. Pero debajo de esa capa, el documento plantea una reforma profunda del Estado en favor de las corporaciones tecnológicas de defensa, con Palantir a la cabeza.
El problema no es la tecnología. Como ha señalado el filósofo Mark Coeckelbergh, la inteligencia artificial no conduce inevitablemente al tecnofascismo, pero sin vigilancia ciudadana puede facilitarlo de manera silenciosa, eficiente y con una apariencia de inevitabilidad.
Palantir no es una empresa emergente con ideas ambiciosas. Es hoy uno de los contratistas más influyentes del gobierno estadounidense, con sistemas activos en control migratorio, inteligencia militar y análisis de datos de salud y bienestar social. Sus herramientas han sido señaladas por organizaciones de derechos humanos por su papel en la persecución de migrantes bajo la administración Trump y en operaciones militares en Gaza.
Pero sus vínculos no están lejos de nuestra región. En Ecuador, el gobierno firmó, en mayo de 2025, un contrato con Palantir para operar en aduanas, con planes de expandirse a minería, pesca ilegal y fraudes en el sector público. Analistas advierten de que el país podría convertirse en una “ventana de vigilancia” de Palantir para toda América Latina. Todo esto ocurrió antes de que la empresa publicara su manifiesto político. Ahora que lo hizo, los gobiernos que ya firmaron con ella tienen la responsabilidad adicional de explicar a sus ciudadanos si los valores explícitos de su proveedor son compatibles con sus propias constituciones.
Costa Rica no puede esperar pasivamente a que una empresa como esta llegue a tocar nuestra puerta ofreciéndonos solventar nuestros problemas con IA, sobre todo en momentos en que cualquier solución fácil y rápida a nuestros problemas de seguridad puede parecer seductora.
La tecnología de vigilancia no respeta fronteras geográficas ni constituciones nacionales, y los gobiernos de América Latina están siendo activamente cortejados por empresas que ofrecen eficiencia y seguridad a cambio de infraestructura de datos crítica como registros de salud, sistemas tributarios o bases de datos migratorias.
Palantir acaba de declarar con toda claridad cuáles son sus ambiciones políticas, por lo que ya no hay lugar para la ambigüedad sobre los valores que acompañan sus productos y sus contratos.
Por eso, el país necesita una posición explícita. ¿Cuáles son los criterios éticos y democráticos con los que el Estado costarricense evalúa la contratación de tecnología de vigilancia e inteligencia artificial? El Proyecto de Ley 23.097, que pretendía reformar integralmente la Ley de Protección de Datos Personales, sucumbió en la Asamblea Legislativa ante las visiones de fuerzas políticas contrarias a que existan restricciones al uso de datos personales por parte del Estado.
La abolición del ejército no fue únicamente un gesto simbólico; fue la afirmación de que hay formas de poder que una democracia consciente de sí misma debe rechazar por convicción sobre qué tipo de sociedad vale la pena construir. Esa misma lógica aplica hoy, cuando el poder no llega uniformado ni con tanques, sino en forma de contratos de software y plataformas de análisis de datos.
Las democracias que aún se toman en serio a sí mismas no pueden darse el lujo de llegar tarde a esa conversación.
