EscucharEl presidente Rodrigo Chaves tiene razón al oponerse al aumento salarial en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero, desafortunadamente, parece haber escogido un mal argumento para sustentar su desacuerdo. La regla fiscal, dice el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, es inaplicable al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en virtud de la ley y también al de Enfermedad y Maternidad por extensión jurisprudencial de la norma cuando se consultó el criterio de la Sala Constitucional. No justifica, entonces, el rechazo al aumento salarial.
El propio Acosta se había pronunciado contra el aumento por razones estrictamente financieras, y ese es un terreno mucho más seguro para fundar la objeción. Cuando se dio a conocer el alza de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a los 63.000 empleados de la institución, retroactiva al 1.° de enero del 2020, el ministro de Hacienda reconoció la autonomía de la Caja para tomar la decisión, pero lamentó la falta de consideración sobre el impacto de la medida en los demás funcionarios y la estabilidad de la institución.
En cambio, el presidente cuestionó la legalidad, más que la oportunidad financiera de la medida. Argumentó violación de la regla fiscal y advirtió a los directivos de su posible destitución si persistían en el supuesto ilícito. Poco después, destituyó al presidente ejecutivo Álvaro Ramos, no por arriesgar el debilitamiento de la institución, sino por apartarse de la norma que ahora Acosta considera inaplicable.
Para oponerse al aumento y llamar a cuentas al presidente ejecutivo bastaba el estudio de la Dirección Actuarial de la propia institución: “La aplicación del aumento general de salarios del período 2020, acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”. Más adelante, los actuarios enfatizan que el presupuesto ordinario del 2022 no incluye recursos para pagar el aumento general de salarios.
No obstante, el mandatario basó su desacuerdo en la regla fiscal y, todavía el miércoles, durante su gira por Puntarenas, insistió: “La Caja está bajo la regla fiscal en la parte salarial, por lo que no se debe y no se puede pagar ese aumento. La ley es clarísima. Son 63.000 empleados y solo la parte retroactiva de ese aumento eran ¢29.000 millones, más otros ¢10.000 el primer año”.
La afirmación intentaba distinguir el aumento acordado en la Caja del concedido por el Instituto Nacional de Seguros (INS) a sus empleados. El INS, como participante en un mercado competitivo, está exento de la regla fiscal, de eso no hay duda, pero si el ministro de Hacienda tiene razón, las dos entidades están en idénticas condiciones, por motivos diferentes, ante la aplicación de la medida de control del gasto público.
Para empeorar la situación, la nueva presidente ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, propuso a la Junta Directiva mantener el alza acordada, pero no aplicarla mientras no haya certeza de su compatibilidad con la regla fiscal. La carta de Acosta no parece haber sido suficiente para producir esa certeza, pero, si llegara a darse y el ministro de Hacienda tiene razón, Esquivel y la directiva se verán obligados a aplicar el aumento.
En ese caso, el llamado del presidente a resguardar las finanzas de la Caja, que según su criterio está “quebrada”, no habrá surtido efecto y será difícil explicar la destitución de Ramos. Esquivel y los directores habrán concedido el mismo aumento, con idénticas consecuencias para la estabilidad de la institución, pero con la excusa del cumplimiento de una condición externa, ajena a su control. Mucho más fácil habría sido emular a Nogui Acosta y declarar, francamente, la incompatibilidad del aumento con la salud financiera de la institución, como lo dijo la Dirección Actuarial.
