El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, contradijo el principal argumento utilizado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para oponerse al aumento salarial en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Después de que el mandatario dijo que el aumento es ilegal porque la CCSS está sometida a la regla fiscal y esta impide conceder incrementos salariales mientras la deuda pública supere el 60% del PIB, el ministro sostuvo que el presupuesto de la Caja está exento de esta norma de control de gasto.
Si bien Acosta criticó el 13 de setiembre el incremento de sueldos en la CCSS por considerar que implica un riesgo fiscal para el Gobierno y la estabilidad de esa institución, emitió un pronunciamiento en el que concluye que los recursos de esta institución están exceptuados de la regla.
Se trata de una respuesta enviada el pasado 26 de setiembre a la nueva presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
En este documento, Acosta explicó que el artículo 6 del título IV de la reforma fiscal exceptuó de la regla los recursos de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo de Pensiones, al tiempo que la Sala IV amplió la exclusión a los fondos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) por la vía de la jurisprudencia.
En la consulta facultativa emitida en el 2018 sobre la reforma fiscal, los magistrados concluyeron que la regla fiscal no era inconstitucional “siempre y cuando se entienda que, por aplicación directa de los postulados 73 y 177 de la Constitución Política, el Seguro de Enfermedad y Maternidad también está excluido” de la norma.
Dentro de la nota enviada a la presidenta de la CCSS, el ministro de Hacienda dijo que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria examinó el presupuesto de la Caja para determinar si contenía recursos que no pertenecieran a alguno de los tres componentes citados y determinó que “toda la estructura” está integrada por estos.
“No fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas, a los cuales se les pudiera aplicar lo estipulado en el título IV de la Ley 9635 (reforma fiscal”), escribió Acosta.
Ello explica, continuó, el motivo por el cual a la CCSS no se le ha aplicado la regla fiscal.
Marta Esquivel también le consultó a Nogui Acosta si la excepción solo aplica para “la actividad sustantiva de los regímenes”. El ministro le contestó que “el artículo 6 alude en forma general a los recursos de dichos regímenes, por lo que no debe hacerse distinción donde la ley no la hace”.
Por otra parte, el ministro sí dejó en claro que la CCSS está sujeta al título III de regla fiscal, en el cual se ordenó nominalizar los pluses salariales y modificar el pago de incentivos como carrera profesional y dedicación exclusiva.
Chaves reitera su posición
Este miércoles, durante una gira por Puntarenas, el presidente Chaves argumentó de nuevo que el incremento de entre ¢7.500 y ¢8.500, en el salario base de los 63.000 funcionarios en la Caja, no procede porque violenta la regla fiscal.
“La Caja está bajo la regla fiscal en la parte salarial, por lo que no se debe y no se puede pagar ese aumento; la ley es clarísima. Son 63.000 empleados y solo la parte retroactiva de ese aumento eran ¢29.000 millones, más otros ¢10.000 el primer año”, dijo.
Así lo afirmó cuando defendió el incremento salarial con efecto retroactivo aprobado para 2.470 trabajadores del Instituto Nacional de Seguros (INS).
“Son dos instituciones muy diferentes: una tiene la competencia legal de hacer el aumento y que en proporción es una gota de agua en una plancha hirviendo; mientras que la otra tiene prohibición legal y son montos enormes en una institución que no tiene el músculo financiero para andar haciendo eso”, aseguró Chaves.
El INS, por ser empresa pública en competencia, está excluida de la regla fiscal.
El aumento salarial en la CCSS fue aprobado el 8 de setiembre y derivó en la destitución de Álvaro Ramos del cargo de presidente ejecutivo, en vista de que el mandatario no estuvo de acuerdo con lo sucedido.
El pasado lunes 26 de setiembre, la nueva jerarca de la CCSS, planteó en la Junta Directiva de la Caja mantener el alza acordada, pero aplicarla hasta que se garantice que la institución no incumple con la regla fiscal.
Esta norma le impone un tope al crecimiento del gasto público de acuerdo con el tamaño de la deuda y el ritmo de crecimiento de la economía.
Conforme más grande sea el endeudamiento, más estricto es el techo. Además, si la deuda supera el 60% del producto interno bruto (PIB), se aplican medidas extraordinarias como el congelamiento de los salarios en todas las instituciones cubiertas por la ley.