La auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue invocada como escudo, una y otra vez, por las más altas autoridades de la institución para confrontar las críticas y revelaciones de este diario sobre la compras de emergencia a lo largo de la pandemia de covid-19.
«Las seguridades ofrecidas por el presidente ejecutivo no bastan. La Auditoría de la Caja era igualmente numerosa cuando sucedieron los escándalos del préstamo español y el llamado caso Caja-Fischel. Los antecedentes de anomalías en compras y otras operaciones también abundan y no siempre quedaron al descubierto por obra de los controles internos de la institución», escribimos para justificar nuestra actitud.
«Los medios de prensa —añadimos— con recursos menos numerosos, hemos contribuido a exponer los desaciertos, incluso los ignorados por los auditores de la Caja. Si la institución y sus jerarcas hablaran en serio cuando prometen transparencia, no promoverían el silencio de los funcionarios y estimularían el libre flujo de la información. También se abstendrían de tender cortinas de humo y explicar lo obvio».
El 8 de mayo la Caja envió un comunicado de prensa titulado «Auditoría de la CCSS confirma que contratación de servicio chárter fue transparente y apegada a la legalidad». La investigación interna, una vez más, se ejecutó en respuesta a informes de prensa sobre irregularidades en la negociación de los vuelos. El mismo 8 de mayo Macaya citó el informe de auditoría para descartar toda irregularidad en la contratación de los vuelos desde China y colorín colorado...
El documento tuvo consecuencias muy concretas. El 16 de noviembre el Ministerio Público respondió a La Nación que había descartado la apertura de un expediente para investigar los vuelos luego de analizar el informe: «El documento fue revisado por la Fiscalía Anticorrupción y, luego de un minucioso análisis, no se ubicaron (sic) indicios que hicieran presumir la posible comisión de un delito y que ameritaran una investigación, por lo que no se ordenó la apertura de una causa».
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No nos dimos por satisfechos y ahora, confrontada con nuevos hallazgos periodísticos, la propia auditoría interna admite sus omisiones, desacredita el informe y presenta dos denuncias ante la Fiscalía. Según el auditor Ólger Sánchez Carrillo, las preguntas enviadas por nosotros el miércoles 9 de diciembre y un informe anónimo le hicieron cambiar de parecer: «Las consultas periodísticas me llevaron, en lo personal, a hacer una revisión exhaustiva de todo el expediente, un análisis y confrontación con los funcionarios que emitieron el criterio originalmente y esto nos lleva a concluir que, efectivamente, teníamos que efectuar una adición, una aclaración y una ampliación del criterio que originalmente se emitió».
La Nación preguntó por qué el informe de la Auditoría, fechado el 6 de mayo, y enviado a la Fiscalía, omitió información clave sobre la contratación de los tres vuelos a la empresa de logística DHL. También inquirimos acerca de la presentación de ofertas fuera de plazo, el súbito aumento en el costo de los vuelos y la participación de Hans Vindas Céspedes, asesor de la Gerencia de Logística, en la elaboración de los requisitos para la contratación del servicio aéreo y la evaluación de las ofertas, a pesar de que la Caja cuenta con una Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios para ejecutar esas funciones. Vindas está suspendido desde agosto mientras avanzan las investigaciones administrativas sobre la compra de millones de mascarillas.
Quedan muchas preguntas más. Por lo pronto, formulamos solo una: ¿Insistirá la oficina de prensa en que «los intentos reiterados de La Nación por manchar el actuar de la CCSS durante la atención de la emergencia de la covid-19 son evidentes», pero lo es también su falta de rigurosidad periodística, y lo cierto es que la verdad siempre se impone?
