Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ensaya por segunda vez una respuesta inaceptable a los traspiés de la institución en la compra de equipos de protección personal para los trabajadores de primera línea en la lucha contra la pandemia. La reiterada explicación evade la cuestión de fondo y resulta obvia hasta causar molestia.
El verdadero tema de fondo es la obligación de proveer mascarillas y otros bienes requeridos para disminuir el riesgo de los encargados de atender pacientes, no las posibles pérdidas económicas. Si existiera una lesión pecuniaria, no pasaría de ser una circunstancia agravante de la mala gestión.
No obstante, el presidente ejecutivo enfatizó que la institución no ha desembolsado pagos por 12 millones de mascarillas contratadas con proveedores inexpertos y, en su mayoría, no entregadas. En el caso de 700.000 mascarillas distribuidas entre los hospitales de todo el país, Macaya recurrió al mismo argumento. Luego de decir que el material se compró bien, pero el proveedor entregó otra cosa, el funcionario señaló: “No debería haber un daño económico si se compraron bien, pero se entregaron mal. En ese caso, la empresa tendría que reponerlas”.
El presidente ejecutivo nos deja informados de que la Caja no paga por adelantado a los proveedores de mascarillas y exige a los contratantes reponer el equipo ineficaz. En uno y otro caso, solo podemos exclamar ¡menos mal! Ninguna gestión pública, salvo la más pobre, renunciaría a la devolución de lo pagado por productos inútiles o adelantaría el pago a proveedores nunca antes contratados y, a la postre, incumplidos.
“No debería haber repercusiones económicas para la CCSS”, apuntó Macaya, pero las repercusiones más relevantes se dieron en el inventario y suministro de equipos de protección personal necesarios para salvaguardar la salud del personal médico, los pacientes y los trabajadores de apoyo.
En muchos hospitales, el contagio de covid-19 ha causado bajas entre el personal por infección y cuarentena y ha obligado a cerrar salas para desinfectarlas. Esa mengua de los recursos médicos para combatir la pandemia y enfrentar las enfermedades habituales afecta al país como un todo. Se ha perdido tiempo y no hay certeza del abastecimiento oportuno. También se puso en riesgo al personal de hospitales que recibieron mascarillas no aptas para uso médico.
En ambos casos, el presidente ejecutivo prometió investigaciones. “¿Dónde estuvo la falla?”, preguntó en relación con las 700.000 mascarillas. “Eso saldrá en el informe de investigación”, respondió. En cuanto a los 12 millones de mascarillas contratadas con proveedores inexpertos, ofreció transparencia y, para garantizarla, afirmó que la Auditoría de la Caja es “el grupo más fuerte de auditoría de todo el país” y “ya empezó la auditoría de todas las compras hechas en el transcurso de esta pandemia”.
Las seguridades ofrecidas por el presidente ejecutivo no bastan. La Auditoría de la Caja era igualmente numerosa cuando sucedieron los escándalos del préstamo español y el llamado caso Caja-Fischel. Los antecedentes de anomalías en compras y otras operaciones también abundan y no siempre quedaron al descubierto por obra de los controles internos de la institución.
Los medios de prensa, con recursos menos numerosos, hemos contribuido a exponer los desaciertos, incluso los ignorados por los auditores de la Caja. Si la institución y sus jerarcas hablaran en serio cuando prometen transparencia, no promoverían el silencio de los funcionarios y estimularían el libre flujo de la información. También se abstendrían de tender cortinas de humo y explicar lo obvio.
