La reunión sostenida el lunes entre la presidenta de la República, Laura Fernández, y su contraparte del Poder Judicial, Patricia Vargas, genera un prudente optimismo. Los hechos se encargarán de determinar si está fundamentado.
La suya fue una conversación respetuosa, incluso cordial. No participaron ministros. Se privilegió la sustancia sobre el espectáculo mediático tan frecuente en Zapote. Más importante aún, hubo acuerdos y promesas que, aunque usuales en un clima de normalidad institucional, tienen relevancia en medio de las confrontaciones generadas desde el Ejecutivo.
Fernández prometió que, de ahora en adelante, consultaría con el Poder Judicial los proyectos de ley que lo afecten o se relacionen con materia de seguridad. Manifestó su disposición a revisar las normas presupuestarias que limitarían su independencia y desempeño, pero que el oficialismo se empeña en pasar, y anunció que participará en una reunión de las presidentas de los tres poderes, más la del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), convocada por Vargas para el 20 de este mes.
Ambas presidentas enfatizaron en la necesidad de que todos los poderes coordinen esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad en general. Vargas solicitó colaboración del Ejecutivo para avanzar en proyectos de ley que buscan agilizar los procesos judiciales.
Estas manifestaciones, más la prudente coreografía del encuentro, dan razones para buenas expectativas. Sin embargo, lo más relevante es si se convertirán en realidad; es decir, si será posible avanzar en ellas, a partir del respeto a la independencia de poderes. Muy pronto lo sabremos.
La gran prueba, en curso, es el trámite final del Presupuesto Nacional de 2027. Su articulado incluye cuatro normas claramente atípicas e inconstitucionales. Se refieren a temas extrapresupuestarios que violentan normas, jurisprudencia y procedimientos constitucionales. Peor aún, violan la autonomía judicial, también garantizada por la Constitución, al condicionar decisiones y recursos al aval de la Contraloría General de la República y de la Comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público.
Por tal motivo, la Asamblea Legislativa está obligada a consultar el proyecto con el Poder Judicial. Si este responde –como seguramente haría– que afecta su funcionamiento, el presupuesto solo podría aprobarse con una mayoría calificada de 38 votos, a menos que se eliminaran las normas atípicas.
Desde que comenzó su trámite, en setiembre, el entonces presidente de la Corte, Orlando Aguirre, alertó sobre esos vicios y pidió eliminar las cuatro normas. La Contraloría emitió un criterio similar, y advirtió de que afectarían su propia independencia y desnaturalizarían su labor. La Corte Suprema de Justicia y diputados de Liberación Nacional (PLN) plantearon sendas consultas de constitucionalidad.
Sin embargo, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, no hizo ninguna consulta y siguió adelante con el proceso. El 7 de este mes, en la recta final de la discusión de primer debate en el plenario, dispuso unilateralmente que la aprobación no necesitaba mayoría calificada. Su resolución fue apelada por la oposición, pero el oficialismo la rechazó en bloque. Al contrario, Jiménez decidió apretar el acelerador para aprobar el presupuesto en segundo debate. De haberse consolidado su decisión, se habría generado una crisis constitucional de extrema gravedad, sin precedentes en el país.
Ante la inminencia de que se consolidara esa maniobra, Patricia Vargas, presidenta del Poder Judicial, solicitó el lunes –mismo día de su reunión con la presidenta Fernández– una medida cautelar urgentísima ante la Sala Constitucional, para frenar el proceso. El alto tribunal la acogió de manera expedita y, vía su presidente interino, Fernando Cruz, ordenó paralizar la votación hasta el 29 de noviembre, plazo final para la aprobación presupuestaria.
Jiménez frenó la votación, pero decidió continuar con el debate presupuestario. Solo lo paralizó por otra orden de la Sala, emitida por la magistrada Ingrid Hess, ante un segundo pedido de medida cautelar urgentísima planteado por las fracciones de Liberación y el Frente Amplio, en relación con recortes a las universidades públicas.
No puede ser más evidente el esfuerzo oficialista de valerse de todas las maniobras y artilugios posibles para imponer una decisión a contrapelo de los procedimientos legislativos y de la Constitución. A menos que ponga freno a ese ímpetu, la buena voluntad manifestada por Laura Fernández en su encuentro con Patricia Vargas perdería todo sentido.
Para avanzar por la ruta a la que la presidenta de la República se comprometió, la opción es clara: que su fracción y la presidencia legislativa respeten la Constitución y las disposiciones de la Sala que vela por ella. Quedan poco más de dos semanas para actuar en consecuencia. Entonces sabremos, de veras, si los gestos en el diálogo del lunes se reflejan en los hechos.