La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes que el Poder Ejecutivo consultará al Poder Judicial previo a la presentación de proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, como parte de los acuerdos alcanzados en su primera reunión con Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
“Acordamos (...) cuando preparemos proyectos de ley, a tener alguna opinión de tipo consultiva con el Poder Judicial, que tiene mucha experiencia y mucho que decir en los temas de formación de ley”, manifestó Fernández tras el encuentro, realizado en Casa Presidencial.
La reunión constituye el primer encuentro entre ambas jerarcas desde el cambio de mando en la Corte Plena.
Revisión de normas presupuestarias
Otro de los asuntos abordados, fue la preocupación del Poder Judicial por cuatro normas de ejecución presupuestaria incorporadas por el gobierno de Fernández en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2027. Las disposiciones condicionan la liberación de ¢29.843 millones del presupuesto judicial y establecen restricciones para utilizar 2.463 plazas vacantes.
Fernández manifestó su disposición a colaborar con la institución judicial en la revisión de esas normas y anunció que propiciará una reunión técnica entre los equipos de ambas instituciones.
El propósito será revisar la interpretación de las disposiciones o brindar explicaciones más detalladas sobre su alcance, de manera que no se afecte el funcionamiento del Poder Judicial.
“El espíritu de la Asamblea Legislativa y también el espíritu del Poder Ejecutivo es que el presupuesto se utilice con eficiencia y nunca que se vea como una camisa de fuerza que pueda generar alguna problemática en el buen funcionamiento del Poder Judicial”, afirmó.
La norma 9 condiciona el uso de ¢29.843 millones del presupuesto judicial al cumplimiento de requisitos relacionados con auditorías, estados financieros y certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR).
La norma 10 restringe los traslados de recursos entre varias partidas presupuestarias; la norma 11 condiciona el pago de compensaciones por administración a un estudio de costo-beneficio, y la norma 12 establece requisitos para ocupar plazas vacantes, entre ellos un análisis técnico que debe pasar por la Contraloría y una comisión legislativa.
La Corte Suprema de Justicia presentó el 22 de octubre una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional contra las cuatro disposiciones. A criterio del Poder Judicial, las normas son incompatibles con la Constitución Política y afectarían el funcionamiento y la organización de ese poder de la República.
Durante la reunión, Vargas aclaró que la institución no está solicitando más recursos, sino que se le permita disponer de los fondos que ya le fueron asignados.
“El Poder Judicial no está solicitando más presupuesto. Entendemos la situación y nos estamos ajustando al presupuesto que se nos asignó para el año 2027. Sin embargo, sí necesitamos colaboración para que se nos suelten las amarras; las normas de ejecución presupuestaria nos ponen en una situación complicada para el año próximo e impedirían que cumplamos las tareas que constitucionalmente nos corresponde hacer”, manifestó.
La presidenta judicial también solicitó respaldo del Ejecutivo para impulsar iniciativas legales que ya se encuentran en la corriente legislativa y que buscan agilizar los procesos judiciales.
Coordinación en seguridad
La seguridad nacional también formó parte de la conversación. Fernández aseguró que ambas coincidieron en la necesidad de que los supremos poderes coordinen esfuerzos para enfrentar el crimen organizado y mejorar los resultados en la lucha contra la inseguridad.
Como parte de esa coordinación, la mandataria planteó incorporar al Poder Judicial a la revisión de algunos datos de interés ejecutivo que maneja el equipo de Fuerza Élite.
“Ambas estamos claras y creo que esa es una feliz coincidencia en que la situación de la seguridad nacional como problemática requiere de la intervención necesaria de todos los supremos poderes de la República si verdaderamente queremos incidir en cambiar la realidad nacional del crimen organizado y tener mejores resultados en la lucha contra la inseguridad que golpea al país”, expresó Fernández.
La presidenta también destacó que ambas intercambiaron sus números de teléfono para mantener una comunicación más directa y atender inquietudes institucionales, con respeto a las competencias de cada poder.
Reunión de los cuatro poderes
Como parte de los acuerdos, Fernández confirmó su participación en una reunión convocada por Vargas para el próximo 20 de noviembre, en la sede del Poder Judicial.
La cita incluirá a las presidentas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora.
Vargas indicó que ya extendió la invitación a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, y que está a la espera de su confirmación.
La presidenta de la Corte calificó el encuentro con Fernández como una conversación “grata, franca” y consideró que representa el inicio de un espacio de diálogo y construcción conjunta.