Corte plantea consulta de constitucionalidad ante Sala IV sobre normas presupuestarias que condicionan ¢29.843 millones y 2.463 plazas
Las normas presupuestarias sujetan el uso de recursos y la ocupación de plazas vacantes a estudios técnicos, certificaciones y aprobaciones de otras instituciones
La Corte Suprema de Justicia cuestiona la constitucionalidad de las cuatro normas presupuestarias que el gobierno de Laura Fernández quiere imponerle al Poder Judicial para el uso de recursos y plazas. Alonso Tenorio
La gestión se presentó el 22 de octubre, luego que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto de gastos del Ejecutivo sin eliminar esas condiciones presupuestarias. A criterio del Poder Judicial, las disposiciones son incompatibles con la Constitución Política y afectarían el funcionamiento y la organización de ese Poder de la República.
Corte presenta consulta de constitucionalidad sobre normas presupuestarias
De acuerdo con Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, la consulta plantea eventuales vicios de procedimiento, al considerar que “no se siguieron los procedimientos previos en la formulación del proyecto de presupuesto”, en lo correspondiente a consultar a la institución sobre las normas presupuestarias.
Campos también indicó que, durante el trámite del expediente en la Asamblea Legislativa, se omitió la consulta obligatoria establecida en el artículo 167 de la Constitución Política.
Ese artículo dispone que la Asamblea Legislativa debe consultar a la Corte Suprema de Justicia los proyectos de ley relacionados con la organización o el funcionamiento del Poder Judicial. Además, establece que para apartarse del criterio de la Corte, se requiere el voto de al menos 38 de los 57 diputados.
PLN presentó una gestión previa
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 fue aprobado con solo el voto afirmativo de los seis diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Esteban Rojas /Asamblea Legislativa)
El Partido Liberación Nacional (PLN) también presentó el jueves una consulta ante la Sala Constitucional sobre las cuatro normas que condicionan el uso de recursos del Poder Judicial. La bancada también advirtió de que el proyecto no puede aprobarse en su redacción actual.
Para los verdiblancos, las reglas que se pretenden imponer representan una interferencia en el funcionamiento del Poder Judicial y podrían afectar la lucha contra el crimen organizado, en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta el país.
La consulta fue suscrita por los diputados liberacionistas Ángela Aguilar, Diana Murillo y Salvador Padilla, integrantes de la Comisión de Hacendarios.
Para los diputados liberacionistas, estas disposiciones comprometen, en conjunto, la autonomía administrativa del Poder Judicial, pues someten decisiones sobre el uso de sus recursos a la aprobación de órganos externos, sin plazos definidos ni criterios técnicos objetivos.
Por ello, sostienen que las condiciones establecidas exceden los límites permitidos para las normas de ejecución presupuestaria.
¿Qué dicen las normas?
La norma 9 bloquea ¢29.843 millones del presupuesto judicial y condiciona el uso de esos recursos al cumplimiento de varios requisitos. Entre ellos, presentar ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público los estados financieros auditados de 2026 del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 y obtener certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el cumplimiento de disposiciones de auditoría relacionadas con infraestructura y con el programa 926.
Además, la comisión legislativa debe conocer el asunto, remitirlo al plenario y obtener la aprobación de los diputados para levantar el bloqueo.
La norma 10 impide trasladar recursos entre subpartidas de las partidas 0, 1, 2, 5, 6, 7 y 9. Cualquier movimiento entre ellas tendría que tramitarse mediante un presupuesto extraordinario, elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la norma 11 condiciona el pago de compensaciones por administración en el programa 926, Administración Central del Poder Judicial, a la realización de un análisis de costo-beneficio que compare el trabajo administrativo con el jurisdiccional. El estudio tendría que ser ratificado por la Contraloría, conocido por la comisión legislativa correspondiente y aprobado por el plenario.
Finalmente, la norma 12 establece restricciones para ocupar plazas vacantes. Para hacerlo, se requeriría un estudio técnico de costo-beneficio de la Contraloría, que deberá ser conocido por Corte Plena y remitido a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para su aprobación final.
Además, pidieron a los diputados “suprimir” las normas 11 y 12, “por tratarseno sólo de funciones ajenas a las competencias propias de la Contraloría General, sino porque se incluyen mediante normas de presupuesto que resultan por completo atípicas”.
