Corte Plena cuestiona falta de consulta de la Asamblea Legislativa sobre normas presupuestarias que condicionan ¢29.843 millones y 2.463 plazas judiciales
El magistrado Jorge Leiva fue designado para elaborar un informe dirigido a la Asamblea Legislativa que determine si las normas del Presupuesto Nacional 2027 afectan la organización o el funcionamiento del Poder Judicial
La Corte Plena acordó emitir un pronunciamiento sobre si el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incide en la organización y/o funcionamiento del Poder Judicial. Foto: Lucía Astorga. Lucía Astorga
La Corte Plena acordó, este lunes, elaborar un informe que determine si el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2027 afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial. Los magistrados alegaron que el Congreso incumplió con el deber de consultar a la institución las normas presupuestarias que condicionan la liberación de ¢29.843 millones y la utilización de 2.463 plazas vacantes.
Los altos jueces acordaron designar al magistrado Jorge Leiva, de la Sala I, la elaboración del documento que será dirigido a la Asamblea Legislativa.
Leiva forma parte de un grupo de magistrados que impulsó la propuesta, tras considerar que el Congreso incumplió con lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política, la cual ordena a la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia sobre aquellos proyectos que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial.
El magistrado Jorge Leiva, de la Sala I, fue encargado por la Corte Plena para elaborar un informe que determine si el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incide en el Poder Judicial. (JOHN DURAN/John Durán)
A criterio de los magistrados, esta consulta nunca llegó a la Corte, pese a que tres de las 12 normas presupuestarias incluidas en el plan de gastos propuesto por el gobierno de la presidenta Laura Fernández están dirigidas, exclusivamente, al Poder Judicial.
La declaración por parte de la Corte de si un proyecto de ley incide en la organización y/o funcionamiento del Poder Judicial, condiciona inmediatamente la aprobación de esa propuesta a la obtención de al menos 38 votos en el Congreso.
Rechazan escuchar a director jurídico
Pese al tema tratado, la mayor parte del debate se centró en si se recibía al director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Alberto Campos, para la exposición de un informe solicitado por la presidenta en funciones, Damaris Vargas.
La propuesta fue rechazada con nueve votos negativos, seis abstenciones y cinco votos a favor. El principal argumento de los magistrados que se opusieron es que el informe no atendía la consulta de si el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incide en la organización y/o funcionamiento del Poder Judicial.
Al respecto, Vargas reconoció que efectivamente lo que se le solicitó fue una valoración en cuanto a si la Corte estaba en capacidad de hacer un pronunciamiento sobre la posible afectación del plan de gastos en el quehacer institucional, criterio que en ese sentido fue afirmativo.
Sin embargo, la presidenta interina indicó que la revisión de antecedentes señala que solo existe un caso en el que se le remitió una consulta al Poder Judicial sobre el contenido de un presupuesto. “Siempre se han ido los presupuestos, o la mayoría de presupuestos, sin consultarnos y ahí los estamos ejecutando”, agregó Vargas.
