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El Poder Judicial cuestiona cuatro normas incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 porque, según sostiene, darían a una comisión legislativa facultades para intervenir en decisiones sobre el uso de recursos y plazas de ese Poder de la República.
Las disposiciones establecen condiciones para que el Poder Judicial pueda disponer durante el año de parte de los recursos y plazas contemplados en el presupuesto, lo que, a criterio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, traslada a los diputados decisiones que corresponden a la administración de la institución.
El punto central de la controversia es que el presupuesto no solo determina cuánto dinero tendrá disponible el Poder Judicial, sino que las normas propuestas también establecen quién debe intervenir para que la institución pueda disponer de parte de esos recursos y plazas durante el año.
Injerencia del poder político
Varias de las condiciones establecidas en esas normas requieren que una comisión legislativa conozca informes, certificaciones o estudios y que, posteriormente, los diputados definan si el Poder Judicial puede disponer de los recursos ya autorizados mediante el mismo presupuesto.
Para Aguirre, eso modifica la relación entre ambos poderes. “Al plantear una situación en la cual el Poder Legislativo va a tener injerencia en la autorización de gastos ordinarios del Poder Judicial, se convierte este Poder Legislativo en un coadministrador del Poder Judicial y eso realmente es grave”, manifestó el 16 de setiembre ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.
A su criterio, las normas incluso afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y constituyen “una invasión del poder político en el Poder Judicial”.
Normas conceden poderes discrecionales a diputados
El Poder Judicial tendría que remitir a la Asamblea Legislativa la información sobre las plazas que pretende utilizar, lo que abriría la posibilidad de que los diputados cuestionen los nombramientos antes de autorizar su uso.
La norma no establece un plazo para que la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público se pronuncie. A esto se suma que los estudios, informes y certificaciones previstos no tienen carácter vinculante, por lo que el cumplimiento de esos requisitos no garantiza que los recursos sean finalmente liberados o que las plazas puedan utilizarse, por lo que queda completamente a discreción de los diputados.
La disposición tampoco establece una obligación expresa de la Asamblea Legislativa de justificar las razones de una eventual negativa, lo que deja incertidumbre sobre los criterios y los tiempos con los que se tomarían esas decisiones.
Aguirre calificó las disposiciones como “normas atípicas”. Estas son disposiciones incluidas en una ley de presupuesto que regulan asuntos ajenos a la ejecución de los recursos. La Sala Constitucional ha señalado que, si bien los planes de gasto pueden contener reglas generales vinculadas con la ejecución, no pueden utilizarse para regular materias que deben tramitarse mediante una ley ordinaria. Así lo estableció, entre otros precedentes, el voto 4790-93.
La Sala reiteró esa línea en el voto 6970-2000: las normas que no se refieran propiamente a los ingresos probables o a los gastos posibles del Estado no pueden incorporarse mediante el procedimiento especial de aprobación presupuestaria, pues deben seguir el trámite previsto para las leyes ordinarias. El incumplimiento de esa regla puede producir la inconstitucionalidad de la disposición presupuestaria atípica.
Normas podrían evadir trámite ordinario
El procedimiento para aprobar el presupuesto es distinto al de una ley ordinaria: tiene plazos más cortos y no contempla la consulta a la Corte Suprema de Justicia que puede ser necesaria para proyectos que afecten la organización o funcionamiento del Poder Judicial. En esos casos, si la Corte se opone al proyecto, se necesitarían al menos 38 votos. En cambio, para aprobar el presupuesto basta con la mayoría de los diputados presentes.
Además, la Sala ha señalado que la independencia funcional del Poder Judicial exige un margen de autodeterminación para ejercer sus competencias. Esto no excluye, sin embargo, la fiscalización de los recursos públicos que corresponde a la Contraloría General de la República (CGR).
Aguirre sostiene que, al establecerse nuevas autorizaciones políticas para disponer de recursos, se estaría excediendo el control presupuestario y entrando en la administración de otro poder.
Oposición cuestiona autorizaciones
Diputados de las cuatro fracciones de oposición se unieron a los llamados de alerta del Poder Judicial. Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), calificó la propuesta como “un intento del Ejecutivo de seguir amarrándole las manos al Poder Judicial”.
María Eugenia Román, del Frente Amplio (FA), advirtió que la Contraloría no es administración activa y cuestionó que se le encomienden estudios para determinar si una institución puede utilizar determinadas plazas. Advirtió que estos requerimientos podrían sobrepasar las competencias del órgano fiscalizador.
Román también llamó la atención respecto al control que tiene el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) sobre los órganos legislativos: “La fracción de gobierno tiene una mayoría en la Comisión de Ingresos y Gasto Públicos. Ellos son los que van a decidir de acuerdo a la intención del Poder Ejecutivo”.
Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), coincidió en que las disposiciones pueden afectar la capacidad operativa del Poder Judicial.
“Lo que tienden es a atravesarse completamente en el trabajo que tiene que realizar el Poder Judicial en un momento tan complejo en el cual necesitamos a un Poder Judicial más activo, más flexible, más dinámico y más bien estamos entrabando ese trabajo”, afirmó.
Murillo señaló que su fracción considera que algunas de las normas podrían ser inconstitucionales y anunció que presentarían las acciones correspondientes.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sostuvo que las disposiciones limitarían la gestión del Poder Judicial y afectarían su independencia.
Dobles vinculó las restricciones con las necesidades operativas del sistema de justicia y señaló consecuencias que, según afirmó, podrían alcanzar a la investigación criminal, la tecnología, la ciberseguridad, las plazas vacantes y las obras de infraestructura.
“Respaldamos la rendición de cuentas, pero no a costa de paralizar la justicia”, declaró.
