El jerarca afirmó que las normas incorporadas por el gobierno de Laura Fernández en el plan de gastos del próximo año son de “naturaleza política” y suponen, en su criterio, una violación de la independencia judicial, pues abren la puerta a que la Asamblea Legislativa “coadministre” algunos de los recursos del Poder Judicial.
Aguirre indicó que las principales afectaciones por la implementación de estas disposiciones las asumiría la ciudadanía, pues podrían provocar una disminución de audiencias, el cierre de juzgados y de oficinas ante la imposibilidad de pagar alquileres.
Explicó que se trata de normas calificadas como atípicas y que, al respecto, la Sala Constitucional ya se ha referido a que este tipo de disposiciones no puede utilizarse para incorporar regulaciones que deberían crearse por las vías ordinarias; es decir, mediante proyectos de ley específicos que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa.
Según Aguirre, se trata de una situación “grave” para el funcionamiento del Poder Judicial y la institucionalidad, pues las disposiciones buscan “golpear al Estado de derecho”.
En vista de esta situación, Ana Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, se unió al llamado de Orlando Aguirre para que las normas sean eliminadas del proyecto de ley mediante la aprobación de mociones.
Al respecto, Ángela Aguilar, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que ya presentó cuatro mociones ante la Comisión de Hacendarios para eliminar del texto las normas propuestas por el gobierno de Laura Fernández.
Asimismo, anunció que, de prosperar estas propuestas, la fracción promoverá una consulta facultativa ante la Sala Constitucional para que determine si las normas presupuestarias son consecuentes con el marco establecido en la Carta Magna.
¿Qué plantean las normas?
La mayoría de las normas exigen que la Contraloría General de la República (CGR) y la Asamblea Legislativa tomen decisiones que actualmente corresponden a la administración del Poder Judicial. Además, la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público tendría la posibilidad de decidir sobre la utilización de recursos o plazas de la institución.
La primera de las disposiciones cuestionadas es la norma 9, que bloquea casi ¢29.844 millones del presupuesto judicial, distribuidos en 313 subpartidas de los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950. El monto equivale aproximadamente al 5,62% de la asignación presupuestaria de 2027.
La norma 10 impide realizar traslados de recursos entre subpartidas de las partidas 0, 1, 2, 5, 6, 7 y 9. Cualquier movimiento entre esas subpartidas tendría que tramitarse mediante un presupuesto extraordinario, el cual debe ser elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa.
La norma 11 establece que el programa 926, Administración Central del Poder Judicial, no pagará compensación de administración a ninguna escala salarial de la judicatura hasta que se realice un análisis costo-beneficio del trabajo administrativo frente al jurisdiccional. Ese estudio tendría que ser ratificado por la Contraloría, conocido por la comisión legislativa correspondiente y aprobado por el Plenario.
Finalmente, la norma 12 establece restricciones para utilizar plazas vacantes. Estas solo podrían ocuparse después de un estudio técnico de costo-beneficio de la Contraloría, conocido por Corte Plena y posteriormente remitido a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para su aprobación final.
