La diputada Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionará ante la Sala Constitucional las cuatro normas de ejecución del Presupuesto Nacional 2027 que le congelan cerca de ¢30.000 millones al Poder Judicial, condicionados a que presente informes ante la Contraloría y sujetos a aprobación de una comisión legislativa.
Se trata de las normas de ejecución 9, 10, 11 y 12, incluidas en el proyecto de ley por orden del Ministerio de Hacienda, con el fin de limitar una serie de gastos operativos básicos a diferentes programas del Poder Judicial, incluyendo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la judicatura.
Aguilar intentó este viernes, mediante cuatro mociones de fondo presentadas sobre el expediente 25.754, eliminar dichas normas presupuestarias, sin éxito, pues los seis diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de la Comisión de Hacendarios votaron en contra de esas mociones.
La norma de ejecución 9 exige a la Corte presentar a la Asamblea Legislativa un informe de auditoría sobre el fideicomiso de ¢37.644 millones para infraestructura y, solo si la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos lo autoriza, se podrían liberar esos recursos para los gastos operativos más básicos.
Los requisitos que se les exigen son una certificación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución presupuestaria inmobiliaria y de los recursos del programa de Dirección y Administración de la Corte.
Entre las partidas congeladas están alquileres de edificios, servicios de agua, electricidad y correo, telecomunicaciones, transportes, servicios médicos y de laboratorio, transporte dentro y fuera del país, seguros, mantenimiento de edificios y locales, de vehículos, de equipos de cómputo y sistemas de información, alimentos, entre otros.
El Poder Judicial advirtió que congelar eso implicaría perder licencias fundamentales de informática, tanto para comunicación como para investigación.
En el caso de la norma 10, exige un presupuesto extraordinario antes de liberar salarios de jueces y funcionarios de la Defensoría de los Habitantes.
Las normas 11 y 12 congelan, por un lado, el nombramiento de plazas vacantes en los diferentes programas del Poder Judicial, así como la compensación por administración a los jueces, salvo que se presenten ciertos estudios, certificados por la Contraloría.
“Vamos a hacer una consulta en la Sala Constitucional, porque está muy claro que estas normas establecen una desigualdad, además de que no son constitucionales”, dijo Aguilar.
En criterio de la congresista del PLN, no es posible que en medio de una crisis de inseguridad del país, con el crecimiento del narcotráfico y la delincuencia organizada, el gobierno de Laura Fernández le aseste un golpe de ¢30.000 millones al presupuesto del Poder Judicial, en particular lo asignado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.